esde su creación en 1953, la adjudicación de la medalla Belisario Domínguez no había despertado tanta indignación como al otorgarla a Alberto Bailleres, segunda fortuna de México. Esta afrenta a la memoria de don Belisario debe obligarnos a recordar siempre el nombre de los senadores que disciplinadamente cumplieron la orden recibida desde lo alto del poder. Y que sin éxito intentaron llenar de virtudes cívicas a quien carecía de ellas.

En España, no debían tampoco olvidar los nombres de quienes le concedieron el doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca (de ella fue rector durante la República don Miguel de Unamuno) al dictador Francisco Franco. También se lo dio la de Compostela. O los que llenaron de títulos al catalogado como el mejor ministro de Economía, cuando gobernaba Aznar: Rodrigo Rato. Luego presidió el Fondo Monetario Internacional. Hoy lo juzgan por fraude y lavado de dinero.

Otros reconocimientos cívicos hechos añicos en España: la medalla de Andalucía concedida a la tonadillera Isabel Pantoja, en la cárcel por hacerse de dinero público. Y los que le dieron a Marta Domínguez, máxima figura del atletismo femenino y senadora por el partido gobernante. Logró millones por prestar su figura para la publicidad de grandes empresas. Expulsada de por vida del atletismo, tiene pendientes con la justicia por doparse y recurrir a transfusiones sanguíneas para obtener sus preseas.

Pocos saben que la Universidad Columbia otorgó el honoris causa al coronel guatemalteco Carlos Castillo Armas. Con la ayuda de la CIA derrocó el gobierno legítimo de Jacobo Arbenz. En protesta, don Rómulo Gallegos renunció al que le había dado esa casa de estudios. O que el primer honoris causa de la Universidad de Santo Domingo fue para el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

En México, la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuna de la ultraderecha en Jalisco, distinguió con su máxima presea a otros dos sátrapas: Anastasio Somoza, de Nicaragua, y Alfredo Stroessner, de Paraguay. Y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal invistió con toga y birrete al impresentable general Arturo Durazo.

Por sus grandes logros (todos falsos) en el campo de la química, universidades y academias científicas (algunas de México) colmaron de honores a Elena Petrescu, esposa del dictador rumano Nicolae Ceausescu. No se olvidan sus acciones criminales, especialmente con los niños abandonados.

A tiempo, la Universidad Veracruzana se libró del deshonor al negar el honoris causa a quien por décadas fue la voz gubernamental en la televisión. El que en su noticiario apoyó el golpe que, alentado por el presidente Echeverría, sacó del diario Excélsior a don Julio Scherer.

Y aún hay más vergüenzas.