Las decisiones que adoptamos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con convicción y templanza, no siempre son populares ni bien recibidas, reconoció el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien agregó que los integrantes del máximo tribunal están comprometidos, constitucionalmente, a defender los derechos humanos y consolidar nuestra democracia.

Por su parte, el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán sostuvo que los integrantes de la Suprema Corte estamos conscientes de que aún falta mucho camino por recorrer y tanto más por hacer, y que, por tanto, la consolidación del sistema de justicia al que aspira la sociedad requiere talento, dedicación y un gran compromiso ético y jurídico a la altura del contexto económico y político del país.

Gutiérrez Ortiz Mena y Pérez Dayán rindieron ayer ante el pleno de la Corte sus respectivos informes como presidentes de la primera y segunda salas, respectivamente, quienes coincidieron en señalar que el máximo tribunal está legitimado para asumir un papel activo en la defensa y protección de los derechos humanos y para que el mandato previsto en el artículo primero constitucional –que obliga a todas las autoridades a garantizar su pleno respeto–, debe tomarse en serio.

Ambos presidentes hicieron referencia, por temas, a los asuntos resueltos durante el año reciente, así como los criterios y decisiones jurisdiccionales más importantes.

A diferencia de Gutiérrez –quien no dio a conocer datos sobre el número de asuntos que resolvió la sala bajo su gestión–, Pérez Dayán hizo un recuento de los asuntos que ingresaron a la segunda sala durante el periodo anterior. 4 mil 212 fueron admitidos, sumados a los 385 existentes, lo que arroja un total de 5 mil 47; de los cuales egresaron 4 mil 321, es decir 85.61 por ciento, con lo que se incrementó al rezago a 726 expedientes.

Pérez Dayán hizo también un relato, por temas, de los asuntos más destacados que dictaminó la sala, muchos de los cuales no fueron informados a los medios de comunicación en su momento.

Gutiérrez, a su vez, destacó la resolución sobre el derecho al consumo de mariguana para fines lúdicos (que se decidió por cuatro votos con la oposición de Jorge Pardo Rebolledo), al señalar que la sala apreció que frente a las escasas afecciones a la salud y al orden público, se ubica la intensa afectación al derecho que supone una prohibición absoluta, por lo que la prohibición para el consumo lúdico de la hierba es inconstitucional.