La Cámara de Diputados aprobó la ley federal para sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, una vez que los grupos parlamentarios resolvieron suprimir la criminalización de la protesta social. La norma sanciona con multa y prisión el robo de los concesionarios gasolineros a los consumidores.

No obstante, los partidos flexibilizaron el castigo a los mismos concesionarios, al autorizar el hurto en la venta de litros de gasolina. Es decir, las empresas podrán vender litros incompletos hasta en 1.5 por ciento por litro de gasolina y diesel, y 3 por ciento por litro de gas. Ante la presión de los concesionarios, los partidos movieron ese margen, que originalmente era de 0.5 y 1 por ciento, respectivamente.

Para solventar el debatible tema de la criminalización de los manifestantes en instalaciones de la industria petrolera, se resolvió eliminar los artículos 20 y 21 del ordenamiento.

El documento aprobado en comisiones imponía de tres a seis años de cárcel a quien, sin derecho, obstruya o impida de forma total o parcial el acceso o el funcionamiento de cualquiera de los ductos, equipos, instalaciones o inmuebles de la industria en cuestión, y castigo hasta siete años de prisión en caso de incurrir en violencia.

La licencia que los diputados firmaron a los concesionarios se asienta con los siguientes argumentos: se les castigará con prisión de tres a seis años cuando suministren gasolina o diesel con conocimiento de que se está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean.

Esa pena de cárcel también se aplicará a quien enajene o suministre gas licuado de petróleo con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior, desde 3 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición. Es decir, el dictamen autoriza a los intermediarios (gasolineros y gaseros) ordeñar los litros que venden.

En el artículo octavo, los legisladores aplican sanciones de 15 a 25 años de prisión, y de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo vigente a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.