La delincuencia organizada explota ilegalmente recursos naturales como el hierro y la madera. En Michoacán aún hay minas operadas por esos grupos y en los últimos meses se decomisaron un millón de toneladas, parte de las cuales tenían por destino el mercado asiático. Equivalen a más de 3 mil tráilers formados uno detrás de otro, señala Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Sostiene que el tráfico de especies no tiene gran importancia como mercado ilícito, y advierte que no lo tendrá. En entrevista con La Jornada, asevera que es urgente actualizar la legislación a fin de contar con sanciones más altas para ejecutar acciones ejemplares, hacer más trabajo de inteligencia y contar con equipos más modernos para los 800 inspectores del organismo.

La Profepa es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Haro Bélchez la dirige desde hace dos años y confía en dejar una institución consolidada, con sanciones más rígidas, mayor presencia y prestigio de que actúa con la ley en la mano. Es doctor en derecho, fue contralor durante una década en el gobierno del estado de México y por ocho años secretario de la Cámara de Diputados.

–Alrededor de 30 por ciento del territorio nacional está concesionado a la minería, ¿esto implica más riesgos ambientales?

–Las concesiones las da la Secretaría de Economía y la operación de las minas requiere de manifestación de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, instrumentos que tienen como finalidad un efecto preventivo para mitigar probables daños en el medio ambiente. La legislación que es más urgente actualizar, sin duda alguna, es la ambiental. Esta reforma la impulsaremos para actuar con mayor oportunidad, con procedimientos más ágiles y sanciones que nos permitan tener acciones más ejemplares.

–¿Qué limitaciones observa en la Profepa para su actuación?

–Hemos suscrito convenios con la Secretaría de Marina y han sido muy beneficiosos para ambas partes. Nos han permitido utilizar tecnología, drones, embarcaciones, tecnología de punta que nos ha llevado a cubrir de mejor manera los temas forestales, de minas y dar tiros de precisión de todo nuestro programa anual de inspecciones. Necesitamos fortalecer nuestra inversión en equipos. El reto es continuar con esa tendencia de equipar mejor a nuestros inspectores. Menos personal, más equipo. Un programa de trabajo más preciso, más contundente y más orientado hacia trabajos previos de inteligencia. Hay alrededor de 800 inspectores que regulan recursos naturales e inspección industrial.

–¿Es urgente la autonomía de la Profepa?

Lo primero es fortalecer a la institución, con autonomía o no. Lo urgente es mejorar las leyes que aplica la Profepa, hacer una revisión a fondo. Seguramente de ello derivará el análisis que habrá de hacerse para cambiar la naturaleza jurídica de la Profepa. Se requiere modificar varias leyes. Tener un glosario uniforme de los conceptos en materia ambiental. Luego, mejorar los procedimientos, simplificarlos, fortalecer el margen a la alza de multas. Serían los temas más relevantes. Tenemos que homogeneizar, sistematizar, compilar toda la regulación ambiental para que nos permita que se conozca más la dependencia y a nosotros tener sanciones ejemplares.

–En los casos de participación de la delincuencia organizada en la explotación de los recursos naturales, como la pesca de la totoaba y la extracción de hierro y madera granadillo que se manda al mercado chino, ¿qué hace la Profepa?

–La totoaba es una especie en riesgo de extinción que se encuentra en el alto Golfo de California. Tenemos mercado negro que va a hacia la región asiática, donde dicen que el buche de la totoaba tiene propiedades afrodisiacas y llega a venderse entre 10 mil y 15 mil dólares por buche. Para su protección y la de la vaquita marina hemos centrado la seguridad en la zona. Hay una veda de dos años dictada por el gobierno de la República. Los resultados en vaquita marina han sido alentadores, y en la totoaba se ha frenado el tráfico ilegal. Es un problema focalizado. Lo erradicaremos en esta administración. La salida de la madera granadillo es por Manzanillo y Puerto Progreso. Son maderas preciosas y ocupan nuestro interés. Los delegados están volcados en la revisión de lo que sale. Hay inspecciones minuciosas que han permitido frenar la exportación ilegal.

“El hierro es otro tema importante en el que se han logrado acciones espectaculares con la Procuraduría General de la República y el SAT. En los últimos meses se requisaron más de un millón de toneladas de este mineral, más de 270 mil los decomisamos nosotros y el resto la PGR. Incautamos cuatro barcos de bandera asiática que pretendían sacar el producto seguramente a ese mercado. Son más de 3 mil tráilers formados. Todo provenía de minas ilegales de Michoacán, operadas en la clandestinidad, ampliamente dominadas por el crimen organizado de ese estado.

En materia ambiental, la mayor presencia de delincuencia organizada se registra en la explotación de minerales, en segundo lugar está la madera. Y muy por abajo, el tráfico ilegal de vida silvestre, que no será un problema en el país porque estamos volcados en eso, sostuvo.