ltó en París el empuje y el entusiasmo en la calle del medio millón de manifestantes que podían esperarse, pidiendo justicia climática. La matanza del 13 de noviembre de centenares de personas jóvenes quitó el ánimo de quienes iban a manifestarse, tanto de los parisinos como los que iban a llegar de fuera. Como ocurrió tras el 11 de septiembre 2001, la agenda alternativa de los movimientos socio-ambientales en el Norte y en el Sur, es brutalmente aplazada y desviada por esos atentados masivos y por las realidades de las guerras (aunque sean guerras por petróleo). Los valientes esfuerzos de manifestarse para pedir un clima de paz en las calles de París no pudieron sustituir la masa de gente en la calle que hubiera presionado a los gobernantes mundiales.

Los resultados de la conferencia de cambio climático son presentados como un éxito por unos, y negativamente por otros. La visión negativa está justificada pues no hay compromisos vinculantes de reducción de emisiones, y tampoco en la práctica se ha reconocido la deuda climática que tienen históricamente los países industrializados. Estados Unidos y la Unión Europea boicotean desde hace años el reconocimiento de esta deuda, así se protegen y protegen a sus empresas de juicios por daños causados al clima mundial, como la desaparición de glaciares y la subida del nivel del mar. No hay motivos de celebración porque las emisiones de gases de efecto invernadero continuarán aumentando durante unos años si no las frena una crisis económica que alcance a China e India. La sobre-oferta actual de combustibles fósiles y su precio barato, y también la deforestación, hacen improbable que se limite el aumento de temperatura, contrariamente a lo proclamado en París. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera seguirá aumentando.

Dentro de este panorama, se propone desde los movimientos de justicia ambiental continuar las acciones locales (con repercusión global) para dejar el carbón, el petróleo y el gas en tierra. Esa propuesta de moratoria que Oilwatch propuso ya en 1997 en Kyoto en las reuniones alternativas, está más fuerte que nunca. Es lo que Naomi Klein llama blockadia y Oilwatch llama irónicamente el anexo 0. Desde el tratado de cambio climático de Río de Janeiro de 1992, los países fueron clasificados en los del Anexo 1 (que se comprometían a rebajar emisiones) y los demás, que todavía no se comprometían pero que en los meses anteriores a París han presentado propuestas. En conjunto, las propuestas presentadas en París, que no son obligatorias, no significan una disminución, sino un aumento de las emisiones.

Este fracaso motiva a quienes propugnan el anexo 0 cuyos integrantes son los movimientos locales que consiguen que se dejen combustibles fósiles en el subsuelo. Por ejemplo, los alemanes del movimiento Ende Gelände que paran minas de lignito o los manifestantes que pararon con resistencia no violenta la construcción del oleoducto Keystone XL en Estados Unidos. O los lugareños que en Sompeta en Andhra Pradesh en la India consiguieron parar (a costa de algunos muertos propios) la extracción de carbón y la construcción de una enorme central termoeléctrica que destruiría su ecosistema y modo de vida local. O los indígenas guaraníes de Takovo Mora en Bolivia que rechazan la exploración petrolera en su territorio, y que en agosto del 2015 bloquearon la vía Santa Cruz-Camirí, lo que llevó a la intervención de un contingente policial cuyos excesos de violencia allanando viviendas y gasificando a la comunidad, fueron denunciados localmente. Hay cientos de casos parecidos hoy mismo en el mundo, incluidos bastantes contra el fracking del gas. Esos casos serían los del anexo 0.

Muy visibles en París (aunque alejados de los comunicados oficiales) estuvieron los quechuas de Sarayaku, en la Amazonia de Ecuador, que han conseguido mantener a raya a las empresas petroleras. Fueron integrantes de esa comunidad los que difundieron ya hace años la noción del Sumak Kawsay, el buen vivir. En 2002 la compañía argentina CGC (Compañía General de Combustibles), acompañada por el ejército ecuatoriano, entró ilegalmente en territorio de Sarayaku a producir explosiones en el proceso de sísmica, para identificar dónde estaba el petróleo. La comunidad les expulsó. Finalmente el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creando un precedente histórico en la defensa de los derechos indígenas. (http://arturohortas.com/documentales/el-caso-sarayaku/). Su portavoz Patricia Gualinga declaró en París que los pueblos indígenas deben ser reconocidos como un actor de primer orden que ya ha mitigado el calentamiento global luchando contra la extracción de petróleo y minerales y con el mantenimiento de las selvas. Ellos son miembros destacados del anexo 0.

*ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona