La Ley General de Víctimas, que entró en vigor en 2013, no ha podido instrumentarse debido a retrasos en sus ordenamientos y por el lento avance en la elaboración de un sistema judicial penal eficiente, se advierte en un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.

En el documento se detalla que sólo las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina nombraron representantes ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pese a que es obligación de todas las dependencias. Asimismo, sólo Morelos y Nuevo León cuentan con un reglamento para resarcir económicamente a quienes han padecido el embate de la delincuencia organizada o de violaciones a derechos humanos.

El estudio resalta que la Ley General de Víctimas obliga a las autoridades de todos los poderes y ámbitos territoriales, a las dependencias y a los organismos de derechos humanos a dar protección, proporcionar ayuda y asistencia o reparación integral a víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la mayoría de los estados de la República no han asumido el compromiso de cumplir a cabalidad con esta legislación federal y hay retrasos en la actualización de las legislaciones locales.

Una designación en derechos humanos

A manera de ejemplo, el documento señala que con la finalidad de tener un Registro Nacional de Víctimas es necesario contar con enlaces e información de las dependencias, de los organismos de derechos humanos y de las entidades federativas.

En este sentido, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les solicitó la designación de sus representantes, pero únicamente las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional dieron respuesta, destaca.

En relación con los estados, sólo se cuentan con los nombramientos de los encargados del Distrito Federal, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Puebla. En cuanto a los organismos públicos de derechos humanos únicamente el estado de Morelos cumplió este ordenamiento.

El Instituto Belisario Domínguez resalta que el registro es la parte más importante y significativa de todo el sistema, pues constituye una fuente no sólo de información respecto del número afectados, sino la oportunidad para que se dé atención, ayuda y asistencia a las víctimas directas, indirectas, potenciales o colectivas.

Otro elemento en favor de los damnificados es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, mediante el cual se otorgan medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, compensación; sin embargo, sólo Morelos y Nuevo León cuentan con un reglamento del fondo económico.

Otro obstáculo es el sistema penal vigente, resalta el instituto.

Señala que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (Envipe), existe una cifra negra a escala nacional, estimada en 92.8 por ciento de delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia ni se inició averiguación previa en el 2014; es decir, sólo en 7.2 por ciento de los casos se inició la investigación ministerial.

En relación con los casos en que se realizó una denuncia, se estima que el año anterior sólo se denunciaron 10.7 por ciento de los delitos, de los cuales 67.5 por ciento inició de una averiguación previa ante el Ministerio Público, y a pesar de la denuncia en 53.8 por ciento de los casos no pasó nada o no se resolvió el procedimiento.

Una cifra que agrava la problemática de las víctimas es que, de acuerdo con la Envipe, la mitad de las víctimas estimadas manifestó que les tomó dos horas o menos realizar una denuncia ante el Ministerio Público, y 28.9 por ciento señaló que invirtieron más de cuatro horas para hacerlo, subrayó el Instituto Belisario Domínguez.