n 1833 ocupó el gobierno mexicano (difícilmente puede hablarse de toma del poder) un grupo político que anunció una serie de reformas en cinco temas: hacienda pública, educación primaria, administración de justicia, colonización e integridad del territorio nacional. No parecía en sí mismo un programa radical ni novedoso, pero en realidad, tendía a desmovilizar políticamente, sin afectarlos de fondo, a dos actores que durante el colapso del dominio español habían adquirido un enorme poder: la Iglesia y el Ejército. Todas las medidas que se discutieron en el Congreso en 1833-1834 tenían ese objetivo.

La Iglesia concentraba en sus manos buena parte de las escuelas elementales y superiores, hospitales y asilos. Concentraba las estadísticas vitales, lo que en buena medida le daba el control de los mecanismos electorales. Actuaba como policía moral y, por tanto, como policía política. Buena parte de estas funciones las tenía la Iglesia en el imperio español, pero en aquel entonces, la Iglesia estaba políticamente subordinada al monarca. En cambio, en el México independiente era un poder rival e incluso dominador del poder civil. Además, durante la crisis del imperio español, se convirtió en México en la principal propietaria de tierras productivas y fincas urbanas, así como de dinero circulante.

De 1829 a 1855 la política nacional fue controlada por los militares enriquecidos, convertidos en latifundistas. Los que derrotaron en el campo de batalla a los ejércitos populares de Hidalgo y Morelos. Los que secundaron a Iturbide en el cuartelazo contra la Constitución liberal restaurada en España en 1820, constitución que amenazaba los intereses del clero político, los grandes propietarios y los agiotistas.

En 1833 pudo abrirse un paréntesis en esa época de estancamiento y privilegio, cuando el vicepresidente Valentín Gómez Farías y un Congreso dominado por jóvenes liberales intentaron separar al Estado de la Iglesia mediante la abolición del fuero eclesiástico, la prohibición de la coacción civil para el cumplimiento de los votos monásticos, la supresión de la universidad (dependiente de la Iglesia) y otras disposiciones. También se propuso limitar el poder del Ejército, eliminar o limitar su fuero y separarlo de la política, así como el remplazo gradual del Ejército permanente por las milicias cívicas (embrión de la Guardia Nacional creada por Gómez Farías en 1847, cuyos jefes encabezarían los ejércitos liberales de la revolución de Reforma). Ahora bien, como mostró Charles Hale en un libro clásico (El liberalismo mexicano en la época de Mora), salvo en materia educativa, la por algunos llamada revolución olvidada, encabezada por Gómez Farías en 1833-1834, tenía un carácter más reactivo que una verdadera propuesta de reforma del Estado, salvo, lo que no era poco, en materia educativa.

La respuesta no se hizo esperar: los periódicos conservadores escribían cosas como al arma mexicanos, que la religión perece; guerra eterna a este Congreso impío y perverso; alerta, militares, que se intenta nuestra ruina. Y el 26 de mayo, la guarnición de Morelia, que mandaba Ignacio Escalada, proclamó el plan con el que nació el grito ¡Religión y fueros!, cuyo primer punto decía: “Esta guarnición protesta sostener a todo trance la santa religión de Jesucristo y los fueros y privilegios del Clero y del Ejército…” (Michael Costeloe, La primera república federal, FCE, pp. 382-385). Durante 20 desastrosos años, ese grito y su significado marcaron los derroteros de la vida nacional.

Me acordé de esta historia hace poco, cuando el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, se opuso tajantemente a que el grupo de expertos de la CIDH interrogara a los soldados del 27 batallón de infantería sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: No tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento en contra de ninguno (¿¡!?). Y añadió: no “puedo permitir que interroguen a mis soldados”. Él lo dice, cosa juzgada.

Ahora la verdad histórica que sigue sosteniendo el gobierno federal ha recibido un potente cañonazo en la línea de flotación: los expertos independientes concluyen que no existió aquel incendio en el basurero de Cocula. Por tanto, hay que seguir otras líneas de investigación y, ¿qué creen? Muchas de estas líneas se topan con la imposibilidad de entrevistar a los soldados del 27 batallón (mis soldados, dice el general Cienfuegos). Como explicó Carlos Beristáin, esa entrevista sería esencial para esclarecer los hechos, pues se ha documentado (documentado, no sólo señalado, señor general Cienfuegos) que dichos militares estuvieron presentes en varios de los lugares claves esa trágica noche.

¿Qué tienen que esconder los militares?, ¿por qué tan celosos de sus fueros?

Pd que lamenta una evaluación educativa impuesta a palos, cercos policiacos, gases lacrimógenos y ya un muerto.

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