El Senado dio entrada a las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto en materia de desaparición forzada y de tortura y fueron turnadas a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, cuyos titulares, Fernando Yunes y Angélica de la Peña, reconocieron que el plazo constitucional para aprobarlas vence el último día de este año, pero ya no hay tiempo para ello.

El panista Yunes y la perredista De la Peña anunciaron que en enero realizarán foros de consulta con organizaciones civiles, grupos internacionales, familiares de víctimas de desaparición y tortura, expertos y académicos, para que en febrero se puedan dictaminar.

La propuesta de ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas indica que la desaparición forzada de personas la comete el o los servidores públicos, o el particular o grupo de particulares, que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad a una o más personas.

Para ese delito, que se considerará imprescriptible, el Ejecutivo propone como pena máxima por desaparición forzada 100 años, aunque se eleva a 150 en el caso de agravantes, como el de asesinar a la víctima; que ésta pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños y adolescentes, indígenas o mujeres embarazadas.

Otros de los agravantes son: que se incinere, sepulte o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la víctima; que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima.

Tipifica el delito de desaparición por particulares, que se castigará hasta con 90 años de prisión y hasta 8 mil días de multa.

El ejecutivo planteó también reformas a la Ley General de Salud, a través del artículo 280 bis, para imponer pena de cinco a ocho años de prisión y de 500 a mil días de multa a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de una persona no identificada, sin autorización de las autoridades competentes en la materia.

En el caso de la propuesta de ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes, indica que ese delito será imprescriptible con una pena carcelaria máxima de hasta 30 años.

La iniciativa del Ejecutivo señala que para el delito de tortura la pena será de 10 a 20 años de prisión, pero se aumentará hasta una mitad más por agravantes, como que la víctima muera o pierda un miembro a consecuencia de ello.

De la Peña señaló que la propuesta del Ejecutivo no incluye presupuesto para echarla a andar, con lo cual no podrá aplicarse sino hasta 2017, lo cual, dijo, es grave.