Cientos de integrantes del Consejo Indígena de Michoacán, que agrupa a más de 30 comunidades de las etnias purépecha, nahua y mazahua, marcharon ayer en Morelia rumbo al Tribunal de Justicia del estado y luego hacia el Congreso local, donde exigieron la liberación de 52 normalistas y del líder de autodefensas de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda.

Más de 700 manifestantes, entre ellos el jefe de la tenencia de Ostula, municipio de Aquila, Agustín Vera Ramírez, y Martha Rita Zepeda Ávalos, madre de Verdía, exigieron justicia y que se acabe con la fabricación de delitos. Señalaron que se trata de maniobras políticas, las cuales le resultarán contraproducentes al gobierno estatal perredista.

A la marcha se unieron familiares de los 52 estudiantes, miembros de la Organización de Normales Oficiales de Michoacán. A los 30 varones un juzgado federal les dictó auto de formal prisión el sábado pasado, acusados de violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos; fueron recluidos en el penal federal de Hermosillo, Sonora.

Las 22 mujeres permanecen en la cárcel femenil de Coatlán de Río, Morelos, en espera de que hoy se defina su situación jurídica. El domingo, sus padres y otros familiares las visitaron.

Por séptimo día consecutivo los habitantes de Caltzontzin, municipio de Uruapan, y normalistas bloquearon la entrada a la zona industrial de esa ciudad y las vías del tren en demanda de que los estudiantes sean excarcelados.

El dirigente estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Juan José Ortega Madrigal, advirtió que en caso de que los 52 normalistas no sean liberados, habrá un paro indefinido de labores en las escuelas de educación básica de Michoacán. Adelantó que mañana realizarán una megamarcha.

Ayer, normalistas y profesores arribaron con más casas de campañas y lonas para reforzar el plantón que mantienen frente al palacio de gobierno desde el pasado 8 de diciembre, un día después de que los 52 alumnos fueron detenidos en la caseta de peaje de Zirahuén, autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas Siglo 21, que bloqueaban para exigir plazas sin examen de oposición.

En tanto, el secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, afirmó que tal como prometió el gobernador Silvano Aureoles, acompañarán a los padres de los normalistas encarcelados a hacer valer el derecho a la defensa, pero no podemos negociar el contenido de la ley.

Entrevistado en el Congreso, indicó que para los 30 jóvenes presos procede apelar del auto de formal prisión o interponer un recurso extraordinario. Otra alternativa es el desistimiento, pero ello corresponde a la Procuraduría General de la República.

Por la tarde, en Cuernavaca, Morelos, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases marcharon de la colonia Chipitlán al zócalo para exigir la liberación de los normalistas.

Hicieron una parada frente al Congreso, donde pidieron la intervención de los legisladores, porque estamos convencidos de que el gobierno federal es experto en la fabricación de delitos y en reprimir a estudiantes y maestros.

Luis Alberto Bravo Navarrete, abogado de las 22 normalistas, confió en que serán excarcelados, pues no violaron la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como asegura la PGR.

Cemeí Verdía Zepeda, líder de los grupos de autodefensa de la Sierra-Costa, permanece recluido en el penal de Mil Cumbres, en Morelia, acusado de homicidio calificado.