El proyecto presidencial para crear Zonas Económicas Especiales en las entidades de mayor pobreza en el país fue respaldado por los diputados en San Lázaro con 366 votos, contra 51 abstenciones. Se pretende impulsar el crecimiento económico mediante inversión, productividad, competitividad y más empleos bien retribuidos.

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se mandó al Senado para efectos constitucionales, con un considerable número de cambios al texto original enviado por el Ejecutivo.

Las zonas beneficiadas contarían con un consejo técnico, integrado por representantes de los sectores privado y social, que daría seguimiento a las políticas implementadas con objeto de detonar el desarrollo.

Así, los permisos para instalar empresas en las zonas especiales se otorgarán a aquellos interesados que demuestren solvencia económica y moral, capacidad jurídica, técnica y financiera. Tratándose de concesiones o derechos sobre inmuebles de la Federación, cuyo otorgamiento debe realizarse por medio de licitación pública o un procedimiento similar en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, éstos se realizarán en forma coordinada con el procedimiento de concesión.

No se dará autorización cuando los interesados no acrediten sus solvencia o capacidades, no cuenten con la titularidad de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos que sean necesarios para establecer y operar la zona, y no cumplan con los criterios aplicables en la convocatoria respectiva.

Entre las modificaciones que se adicionaron al texto presidencial destaca la normativa para dar por terminados los permisos: incumplir con las reglas de operación de la zona, y que en consecuencia se ponga en riesgo inminente o se afecte la salud de la población, el ambiente o el funcionamiento del lugar; ceder, hipotecar, grabar o transferir las autorizaciones, los derechos en ellas conferidos o los bienes afectos a las mismas.

El ente autorizado para otorgar y cancelar las concesiones, y revisar la operación de las Zonas Económicas Especiales, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tendrá las siguientes atribuciones:

Implementar la política para el establecimiento y desarrollo de zonas económicas; otorgar los permisos y asignaciones, así como modificar, ceder, terminar o decretar una prórroga; otorgar las autorizaciones, así como resolver la modificación o terminación de los acuerdos.

Asimismo, autorizará los actos que impliquen los cambios de control de la persona moral titular del permiso. Aplicará sanciones derivadas de las infracciones a la ley y solicitará el auxilio de las autoridades que resulten competentes para hacer efectivo su cumplimiento.

Una vez enviado al Senado para su revisión y posterior dictaminación, se determinó que el presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Economía, enviará, a más tardar el 15 de mayo de cada año, un informe al Congreso de la Unión sobre la operación de cada zona y los resultados obtenidos en el desarrollo económico.