Hermosillo, Son.

Luis López Bustamante, padre de Luis Arístides López Moreno –quien fue detenido, consignado y se le dictó auto de formal prisión por narcomenudeo–, pidió a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, que su hijo sea juzgado con estricto apego a la ley.

Señaló que el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el caso de su hijo, ex empleado del mandatario estatal panista Guillermo Padrés Elías, está plagado de irregularidades y contradicciones del Ministerio Público.

En entrevista, aseguró que las acusaciones que la PGJE imputa a su hijo tienen el propósito de afectar a la familia de Padrés Elías. Es para golpear a otras gentes, pero le tocó estar en medio, y no queda más que apoyarlo, apuntó.

Consideró que el caso de Luis Arístides López, quien tenía dos años trabajando con la familia del ex gobernador, está politizado; de ahí que haya tantas inconsistencias.

Detalló una serie de irregularidades en el proceso: primero, después de la detención, el 4 de diciembre, se negó a Luis Arístides López contacto con sus familiares y el derecho a un abogado privado en las primeras 72 horas.

Luego, agregó, fue consignado por venta de drogas, delito que inicialmente no se mencionó en los comunicados de prensa de la dependencia ni en las declaraciones del procurador estatal, Rodolfo Montes de Oca.

Además, el titular del juzgado quinto no encontró los domicilios de los testigos que presentó el Ministerio Público, en la colonia Insurgentes, en Hermosillo, ni sus identificaciones o fotos.

El ex empleado de la familia Padrés ha sido visitado por sus familiares en dos ocasiones después ser consignado en el Centro Federal de Readaptación Social uno de la capital sonorense. Se mantiene tranquilo y callado, dijo Luis López Bustamante.

En relación con los 3.5 millones de pesos que su hijo supuestamente llevaba escondidos en una hielera cuando fue arrestado, aseveró que él no maneja esa cantidad de dinero.

Aclaró que Luis Arístides López no era administrador del rancho Pozo Nuevo, propiedad de la familia Padrés, sino empleado de Laguna del Río, también de los Padrés, donde ejercía su profesión de médico veterinario zootecnista, por lo que cobraba 25 mil pesos mensuales.

Se quejó de que durante el cateo que los agentes del Ministerio Público realizaron en propiedades de su familia no contaban con testigos y los obligaron a firmar una declaración distinta a la que ellos presentaron. Manifestó que su familia se siente acorralada y nerviosa con la vigilancia de agentes que se encuentran fuera de su hogar.