Río de Janeiro.

En Brasilia, poco antes de las seis de la mañana de este martes, un grupo de agentes de la policía federal (que en Brasil tiene la función de combatir crímenes contra el Estado) llegó al portón de la mansión oficial que, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha ocupa desde febrero. Uno de los encargados de la seguridad avisó que frente a la residencia un comisario pedía permiso para ingresar. Medida educada, pero dispensable: había una autorización de la Suprema Corte para entrar, revisar todo y requisar lo que fuera necesario. Cunha pidió cinco minutos para vestirse apropiadamente –al fin y al cabo, estar en pijama delante de un comisario no es lo más conveniente– y recibió a los policías.

Exactamente a la misma hora, otro grupo de federales se presentó en la lujosa residencia de Cunha en Río de Janeiro, y otro más en la presidencia de la cámara baja, en Brasilia. Fueron confiscados celulares, computadoras, notebooks, joyas, dinero y papeles. Sorprendió la cantidad de documentos que los agentes sacaron de las casas y oficinas.

Cunha es blanco de investigaciones del Ministerio Público y de la Suprema Corte, acusado de recibir coimas en el escándalo de corrupción en la Petrobras, de lavado de dinero, evasión fiscal y otros delitos. En el máximo tribunal de justicia corre una investigación sigilosa sobre el uso de las prerrogativas de su puesto para impedir las investigaciones en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, que preside.

La segunda mala noticia del día le llegó poco antes de la una de la tarde, cuando dicho consejo aprobó que se abra en el pleno de la cámara un juicio a Cunha, por romper el decoro parlamentario. La acusación, amparada en un arsenal de pruebas, dice que él mintió a una comisión parlamentaria de investigación, al afirmar que no tenía ninguna cuenta bancaria en el exterior (tenía cinco: cuatro en Suiza y una en Estados Unidos; en dos de las cuentas suizas las autoridades de aquel país le bloquearon dos millones y medio de dólares).

La reacción de Cunha fue inmediata. Dijo que la acción de la policía federal es una venganza del gobierno por abrir un juicio para destituir a Dilma Rousseff. Con relación al Consejo de Ética, dijo que la mesa directiva de la cámara anulará las decisiones y todo volverá al punto cero. Y para finalizar, afirmó, con la frialdad de los cínicos y de los verdugos, que no presentará su renuncia.

La verdad es que desde hace días, cuando sintió que sería derrotado en el Consejo de Ética, pese a todas las escandalosas maniobras que llevó a cabo, Cunha empezó a negociar con el PSDB, el mayor partido de oposición, que lidera Fernando Henrique Cardoso. Su propuesta: él renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados a cambio de los votos de la oposición para salvar su fuero parlamentario, cuando su juicio llegue al pleno. Es que, sin los privilegios de inmunidad a que tiene derecho, Cunha sabe que las posibilidades de caer preso son altísimas.

Ha sido la acción más ruidosa del día, pero no la única: hubo idénticos operativos contra dos ministros de Dilma, el de Ciencia y Tecnología, Celso Pensera, y el de Turismo, Henrique Alves, además del senador y ex ministro Edison Lobão. También ex altos ejecutivos de Petrobras tuvieron revisiones en casas y oficinas.

Hay un detalle importante: a excepción de uno, todos los nombres alcanzados son del PMDB, principal aliado (y mayor traidor) del gobierno. Alves, además, es muy cercano al presidente del Senado, Renan Calheiros. A propósito, se supo que la Suprema Corte negó un pedido del Ministerio Público para revisar tanto la residencia oficial de Calheiros como su despacho, su casa particular y sus haciendas.

La presidenta vive un momento delicado a raíz del juicio al que Cunha, luego de meses de chantaje, dio curso en el Congreso, y las acciones de la Policía Federal, con foco en el PMDB, preocupan.

El partido está dividido entre los que defienden a la presidenta y los que quieren derrocarla. En el Congreso sus votos serán decisivos. Hasta ahora, Dilma y sus estrategas creían poder contar con 40 por ciento de éstos, pese a la acostumbrada y tradicional deslealtad del partido (que, a propósito, ocupa siete de los 31 ministerios y secretarías de Estado con rango ministerial).

El vicepresidente de la república, Michel Temer, que además preside el PMDB, conspira a la luz del día. Podrá utilizar las acciones del Ministerio Público y de la policía como argumento para obtener más adhesiones a sus maniobras conspirativas.

Renan Calheiros, quizás el mayor respaldo con que Dilma cuenta en el PMDB, está bajo la lupa. Si decide pasarse a la conspiración, el golpe institucional estará prácticamente consumado.

La tensión persiste en Brasilia, tan densa como una nube de temporal momentos antes de explotar. Y este miércoles habrá más tormenta: la Suprema Corte decidirá sobre el trámite del juicio a Rousseff en el Congreso.