uan José Guerra Abud fue confirmado ayer como embajador de México en Italia, tal como se había programado desde agosto de este año, cuando dejó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a otro miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rafael Pacciano Alamán, esposo de Alejandra Lagunes, la influyente coordinadora de la estrategia digital de Enrique Peña Nieto.

Obviamente, Guerra Abud proviene del estado de México, que se ha convertido en principalísimo aportador de cuadros para el gobierno federal, tan pleno de paisanaje y cuatismo. Nació en Toluca (1952) y con Emilio Chuayffet y César Camacho fue secretario de Desarrollo Económico. De 2000 a 2009 presidió la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones y, tal vez por constituir estos vehículos una fuente inagotable de limpieza ambiental, o por la riqueza de ideales de los grandes potentados del estado de México que dominan el negocio del transporte público federal de pasajeros, el PVEM lo postuló como candidato a diputado federal, en primer lugar de la lista correspondiente de aspirantes por la vía plurinominal. Ya en San Lázaro, fue designado coordinador de la bancada verde. Y a la llegada de Peña Nieto a Los Pinos se consumó la entrega de la iglesia ecológica a los luteros del PVEM, pues Guerra Nieto ocupó la Semarnat.

En términos generales, sobre todo desde la presidencia de Vicente Fox, las secretarías federal y estatales del ramo, al igual que la procuraduría de protección del medio ambiente, se han convertido en una fuente de negocios que favorecen a grandes intereses económicos y suelen actuar en contra de comunidades y regiones cuya riqueza natural es arrebatada, con ínfimas indemnizaciones o a veces sin una sola contraprestación, para proyectos diversos. El ejercicio de la autoridad en materia de medio ambiente (concesiones, permisos, peritajes, dictámenes) ha sido colocado del lado del dinero y en contra del interés social. Mucho más si abiertamente esas plazas gubernamentales son entregadas al partido cuyas andanzas delictivas e historial de corrupción no son recientes ni desconocidas.

La designación de Guerra Abud para ir con la representación mexicana a Italia (sin ninguna experiencia diplomática ni antecedente que de alguna manera le dieran cierto sustento a su destino) confirma el menosprecio que en las alturas del poder se tiene respecto a las fundadas críticas contra el partido Verde. A pesar de los escándalos de Arturo Escobar, la embajada en Italia va. Ya de por sí es ominoso el escándalo de la confirmación judicial de las pillerías hechas por Escobar en el contexto de los pasados comicios y de anteriores andanzas electorales, más el escándalo de la manera mafiosa en que se pretende librarlo de la acción penal en su contra, y de amedrentar y linchar mediáticamente al fiscal que se atrevió a tocar judicialmente a quien entonces era subsecretario de Gobernación. Ahora, otro premio (éste, diplomático) a esos mismos verdes.

Ayer, ya en curso la aprobación legislativa de la reforma política de la ciudad de México, el gobierno capitalino y del PRD mantenían una exagerada campaña de magnificación de los términos redentores de ese cambio acordado entre el perredismo mancerista y el PRI peñista, en busca ambas partes de ganancias políticas y electorales en 2018. El discurso épico respecto a la mencionada reforma se ha quedado allí, en la exaltación genérica de la bondad de contar, ahora sí, con derechos plenos, y de modificar denominaciones oficiales, aunque a la generalidad de la población no le provoca similar efervescencia el ver que de una u otra forma, con reforma o sin ella, con constitución local o no, los problemas de la gran ciudad se multiplican y agravan. Por cierto, crece la exigencia de que los 100 diputados constituyentes de la ciudad de México sean electos en su totalidad, contra la pretensión de gobiernos y cámaras de que sólo 60 provengan del sufragio directo y 40 sean designados por las cúpulas oficiales. Por lo pronto, ayer, por 74 votos a favor, 20 en contra y una abstención, la reforma PRI-peñista fue aprobada. Ya se verá en las urnas, en 2018, si la jugada les resulta tan favorable a los autores reformistas o todo queda en la retórica desbordada del momento.

El lector Salvador Ávila Beltrán comenta: “Acabo de revisar el nuevo reglamento de tránsito, directamente en la página web de la Secretaría de Movilidad, y para mi sorpresa encuentro que en su articulado las sanciones o multas, en lo general, se establecen con un rango que va de x a z veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México; por ejemplo el artículo 7 inciso III: ‘Utilizar la bocina para un fin diferente al de evitar un hecho de tránsito…’; sanción: cinco a 10 veces la unidad de cuenta. Sin embargo, en ningún lugar del reglamento se establecen los parámetros de individualización de la sanción entre los montos mínimo y máximo, por lo que el encargado de imponer la multa (agente de tránsito) aplicará de manera discrecional la cuantía de la misma, debido a que no tiene referente ni criterios legales para aplicarla, lo cual contraviene la Constitución al no asegurar certeza ni certidumbre jurídicas a las personas sancionadas. En pocas palabras, este reglamento es inconstitucional de principio a fin y durará vigente hasta que empiece la lluvia de amparos por su aplicación”.

Y, mientras el diplomático Juan Manuel Gómez Robledo sigue defendiendo la verdad histórica de Jesús Murillo Karam, ahora como embajador en Francia, al igual que lo hizo desde la SRE mientras fue subsecretario para asuntos multilaterales y (oh) derechos humanos, y el priísta regiomontano Eloy Cantú Segovia pasa de la grilla, las tareas partidistas y los cargos legislativos a la embajada de México ante Bélgica y la Unión Europea, ¡hasta mañana, con don Porfirio Elías Azar listo para rendir protesta en el tribunal de justicia de la capital del país!

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