En el último día del periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, legislación que, advirtieron perredistas, petistas y algunos panistas, violenta la Constitución al establecer reservas a toda la información en materia energética, considera sabotaje las marchas y movilizaciones en instalaciones petroleras y otorga licencias para robar a los consumidores en sus compras de gasolina y gas.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados fue aprobada con 66 votos en favor (de PRI, PVEM y parte del PAN), 22 en contra y cuatro abstenciones, y turnada al presidente de la República para su promulgación.

En tribuna, los senadores Alejandro Encinas (PRD) y Laura Angélica Rojas (PAN) pidieron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que presente una controversia constitucional contra esa norma, ya que vulnera lo establecido en la Ley General de Transparencia.

Encinas recordó que cuando se discutió la ley de transparencia impidieron que el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, se arrogara la facultad de controvertir todas las resoluciones del Inai que a su juicio eran un riesgo para la seguridad nacional.

La senadora Rojas sostuvo que los artículos 22 y 23 del dictamen están en contraposición con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; así como con el artículo sexto de la Constitución, porque contravienen todo el proceso de clasificación de la información reservada o confidencial por razones de seguridad nacional, que establece la propia ley general.

Los perredistas Dolores Padierna y Encinas recalcaron que se endurece y criminaliza la protesta social en temas vinculados a los hidrocarburos, ya que se avaló la modificación hecha por los diputados al eliminar el párrafo que establecía que en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho de manifestación y expresión de opiniones e ideas o a la libertad de expresión.

Padierna advirtió que por presiones de los gasolineros se modificó en San Lázaro lo originalmente aprobado en el Senado, al permitirles vender litros que no son litros de gasolina, ya que las mermas hasta de 1.5 por ciento de ese combustible no se penalizarán. Lo mismo pasa con el gas, ya que se permiten mermas hasta de 3 por ciento, agregó.

Encinas recalcó que sólo en el Valle de México esa merma representa 3 mil millones de pesos al año en el caso de las gasolinas.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el priísta Omar Fayad, defendió la minuta. Sostuvo que era urgente aprobarla porque el daño al patrimonio de la nación es grande; sólo por la sustracción ilegal que se realiza mediante tomas clandestinas representa una pérdida del orden de los 40 mil millones de pesos al año.

En la última sesión del periodo el Senado ratificó el nombramiento del Ejecutivo federal en favor de Julio Alfonso Santaella Castell como miembro de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Parte del PAN votó en contra.

Quedó pendiente el nombramiento de dos integrantes del consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sólo se acordó elegir a la ex ministra Olga Sánchez Cordero.