Padres y familiares de los dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, muertos en un operativo policiaco en diciembre de 2011, y de uno más que fue arbitrariamente detenido y torturado, presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones graves a los derechos humanos y falta de justicia a más de cuatro años de los hechos.

La denuncia es por lo sucedido el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, cuando agentes policiacos federales, estatales y del municipio se movilizaron para desalojar una manifestación que realizaban los estudiantes normalistas sobre la Autopista del Sol. El uso desproporcionado e ilegal de la fuerza policial derivó en la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y en la detención ilegal y posterior tortura de Gerardo Torres Pérez.

En conferencia de prensa, familiares, abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso, señalaron que pese a contar con las evidencias y múltiples pruebas fotográficas y de video contenidos en el expediente, que dan cuenta de estas violaciones y sus responsables, los hechos permanecen impunes. El Estado mexicano tampoco ha adoptado medidas necesarias y adecuadas para prevenir y garantizar que hechos similares no vuelvan a ocurrir.

Por ello, dijeron, se ha tomado la determinación de recurrir a instancias internacionales en busca de la justicia que las autoridades mexicanas han negado. La denuncia, presentada ayer mismo en la sede de la CIDH, en la ciudad de Washington, es acompañada y respaldada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

En la denuncia se solicita a la comisión que declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, al derecho de no ser sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.