El gobierno del estado de Puebla no ha cumplido la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso del niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, muerto en mayo de 2014, durante un operativo policiaco en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan, además de que muestra renuencia a indemnizar y reparar el daño a Elia Tamayo, madre del menor.

En conferencia de prensa, la señora Tamayo, abogados de la familia y diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos denunciaron una seria de trabas legales para poder encauzar esta denuncia a través de la vida judicial, y lograr la reparación del daño cometido a la familia Tehuatlie Tamayo.

No acata la recomendación de la CNDH ni otorga indemnización

Aunque la recomendación fue aceptada públicamente por el gobernador Rafael Moreno Valle, quien se comprometió a atender lo sugerido por el ombudsman nacional, el caso sigue impune y hay pretensiones de cerrarlo de manera definitiva, además de que existe una gran resistencia a indemnizar y reparar el daño a la familia, situación que es sugerida por la CNDH.

Blas Rafael Palacios, abogado de la familia, señaló que ante esta negativa del gobierno estatal se inició desde hace varios meses una demanda de juicio de responsabilidad patrimonial del estado contra el gobernador de Puebla. Incluso, anunció que de continuar en esta actitud de incumplimiento de la recomendación e impunidad, en febrero del próximo año se podría recurrir a una demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.