Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la existencia de corporaciones policiacas de carácter privado, contratadas por el gobierno federal, que han cometido violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes que transitan por territorio nacional hacia Estados Unidos.

En conferencia de prensa encabezada por Leticia Gutiérrez, religiosa de la orden de las Scalabrinianas, quien ha desarrollado un amplio y reconocido trabajo en favor de los migrantes, se informó que ya se presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una serie de denuncias por ocho homicidios, de los cuales al menos son atribuibles a elementos del Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem).

Señalaron que esta corporación policiaca privada tiene contratos millonarios con diferentes dependencias de los gobiernos federal y del estado de México.

Por ejemplo, manifestaron, en el estado de Querétaro desde julio pasado se tienen registros de la presencia de agentes de esta corporación a lo largo de la vía del tren desde el estado de México hasta la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Ese grupo extrapolicial ha incurrido en agresiones, hostigamientos, amenazas y ataques con armas de fuego contra personas migrantes. Además de amenazar directamente a colaboradoras del comedor de la Estancia del Migrante González y Martínez, denunciaron.

Tras citar testimonios de los migrantes que atienden en sus albergues, los defensores de derechos humanos denunciaron que esa corporación policiaca –cuyos elementos visten de negro y portan armas de fuego de alto poder, permitidos sólo al Ejército– ha cometido violaciones graves contra migrantes, como tortura y privación ilegal de la libertad, y en muchas ocasiones hay complicidad con las autoridades policiacas federales y estatales.

Además del Cusaem, existe otra corporación denominada Servicios Especiales de Protección en México (Sepromex), de la que también tienen registro de violaciones a los derechos humanos de migrantes, que opera principalmente en los estados del centro del país y el Bajío.

Las denuncias fueron presentadas por Ramón Verdugo, de la organización Todo por Ellos; Leticia Gutiérrez, de la Misión con Migrantes y Refugiados; Heyman Vázquez Morales, de la Casa del Migrante en Huixtla, Chiapas, y Martín Martínez, de la Estancia del Migrante González y Martínez, además del sacerdote Alejandro Solalinde, de Hermanos en el Camino.

Los activistas exigieron al gobierno federal que modifique la política de violencia evidenciada en el Plan Frontera Sur y que revise las concesiones otorgadas a empresas de seguridad privada, con el propósito de que cese el hostigamiento contra los migrantes y los defensores de derechos.