inalmente, el Congreso de la Unión al servicio del gobierno de traición nacional hizo su fajina, y la Secretaría de Cultura fue impuesta por el Ejecutivo federal no obstante sus carencias evidentes de fundamentación constitucional y sus claras intenciones privatizadoras del patrimonio cultural de la nación. Así, sin contar con una ley general de derechos culturales que le diera sustento, con el voto de todos los partidos políticos, incluyendo el de la extraviada esperanza para México, y con el júbilo obsecuente de aspirantes al cuerpo de asesores del futuro secretario, quienes hicieron fila en una consulta a modo para dar su anuencia interesada, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), órgano administrativo que por años pepenó del INAH y el INBA cuanto podría beneficiar a una burocracia prescindible, fue reconvertido en ministerio, siguiendo los preceptos del Banco Mundial, que recomienda que la cultura sea rentable, gestionable y explotable por la modernidad trasnacionalizada.

Los últimos reductos del nacionalismo revolucionario, propios del cardenismo, fueron emplazados, cercados y, en definitiva, ocupados por estos heraldos del progreso, que de pronto tomaron conciencia de la necesidad de atender a la cultura, separándola de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo titular confesó no tener tiempo, pues ciertamente que dedica todos sus esfuerzos en reprimir al magisterio insurrecto frente a una reforma administrativa-punitiva, que no educativa.

Mientras tanto, el gremio de profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ante la creación de la Secretaría de Cultura, y en asamblea general, decidieron tomar medidas organizativas, políticas y legales para defender no sólo sus derechos laborales, prestaciones y condiciones de trabajo adquiridos a lo largo de décadas, y que integran el compendio de las relaciones laborales vigentes, sino para intentar preservar el carácter nacional, público y de vocación social de su institución, garantizar su autonomía técnica y administrativa, la vigencia de sus áreas y tareas sustantivas, y la integralidad de la docencia y la investigación dentro del INAH, a partir de la preservación de su Escuela Nacional de Antropología e Historia, de su Escuela Nacional de Restauración y Museografía y de su Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. La formación de profesionales en ciencias antropológicas e históricas se respalda, además, en su Ley Orgánica, que la destaca como una de sus funciones inherentes. De igual manera, se demanda el compromiso de las autoridades para fortalecer su estructura territorial y dotar a sus centros de trabajo de espacios, infraestructura y equipo para el adecuado desempeño de las actividades de investigación científica y docencia. Todo ello, precisamente para garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la nación, tarea que debe seguir considerándose el eje rector de esta institución.

Se puntualiza como indispensable fortalecer al INAH dotándolo del reglamento de su Ley Orgánica, instrumento fundamental para la organización del trabajo de sus áreas sustantivas, ante lo cual es preciso que los profesores investigadores y las autoridades del INAH acuerden a la brevedad una propuesta conjunta para presentarla al titular de la Secretaría de Cultura, sin demérito alguno de los derechos laborales adquiridos, definidos en el artículo 3 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Como parte del fortalecimiento del INAH, se consideró igualmente imperioso elaborar los reglamentos internos de condiciones de trabajo específicas de las áreas o centros que así lo requieran. Los profesores de investigación científica y docencia demandan que el INAH se comprometa a revisar en tiempo y forma su homologación salarial con el personal académico del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones de enseñanza superior y de investigación, sea que se trate de incrementos salariales anuales o extraordinarios. Asimismo, que se comprometa a equiparar las prestaciones en ese marco, según lo establecido en el artículo 11 de las Condiciones Generales de Trabajo pactadas. La asamblea general de los profesores investigadores del INAH consideró de vital importancia fortalecer y promover la investigación científica y la docencia, en tanto que constituyen áreas imprescindibles del instituto, garantizando la plantilla de plazas definitivas a través de tres procedimientos: 1) definitividad de cerca de 2 mil profesionales contratados precariamente por largo tiempo en labores sustantivas de investigación y docencia, 2) creación de nuevas plazas, y 3) liberación de plazas por vía de un sistema de pensión digna.

Más allá de discursos y especulaciones, la viabilidad y la función social de la investigación antropológica e histórica requieren hoy perentoriamente de condiciones operativas concretas que hay que defender. En su articulación con la educación pública y con los procesos de participación social es donde se decide el futuro de nuestro patrimonio cultural. Si bien es claro que la creación de la Secretaría de Cultura plantea por sus diversas implicaciones un grave riesgo para la integridad del patrimonio cultural de la nación, también es cierto que los profesores e investigadores del INAH encuentran desde su práctica de trabajo y su identificación con el cometido de la institución una base profunda no sólo para continuar pugnando por la defensa de nuestras raíces e identidades al margen de su instrumentación comercial, sino para redefinir un proyecto social y nacional que retome los elementos referenciales de una experiencia de más de tres cuartos de siglo. No puede preservarse el patrimonio cultural al margen de la sociedad como un agregado silente. Tampoco es posible defender lo que no se valora ni se ama. Por ello, patrimonio cultural y nación-pueblo constituyen una unidad indisoluble abierta hacia el futuro.