Los gobernadores de los estados –por conducto del de Chihuahua, César Duarte– solicitaron que se reforme la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se permita que las autoridades estatales puedan perseguir este tipo de ilícitos, durante la 39 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), aunque la petición no fue votada ni aprobada por las autoridades.

Este encuentro entre gobernadores y autoridades federales fue el marco en que ambas entidades aprobaron diversas acciones en materia de evaluación y seguimiento a los recursos federales que se otorgan para acciones de seguridad pública y procuración de justicia en las entidades federativas.

Los integrantes de este consejo aceptaron crear mecanismos para entregar certificados a los policías que acrediten las pruebas de confianza, y avalaron que se modifique el actual esquema en el cual se da más valor a la prueba poligráfica.

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mexiquense Eruviel Ávila, propuso que se pongan en marcha nuevas fórmulas para la asignación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y que esos recursos se destinen en su totalidad a la implementación y desarrollo del nuevo sistema de justicia penal.

El titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno, dijo que los nuevos criterios para la asignación del FASP se aplicarán en 2016 y con ello se creará un modelo de certificación que evalúe la transparencia del gasto de los recursos federales.

La prioridad para 2016 será que los recursos del FASP que estén destinados al programa con prioridad nacional, implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, puedan ser utilizados como aportación estatal dentro de la modalidad de Copago para el impulso de la infraestructura, equipamiento y tecnología necesarios.

Los acuerdos a los que se llegó en un acto realizado en Palacio Nacional, también incluyeron la aprobación de la norma técnica para la estandarización de los servicios de atención de llamadas de emergencia y una nueva metodología para la evaluación de las bases de datos, criminalísticas y de personal, y a elaborar una norma técnica para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia para la seguridad pública.

Un punto en que coincidieron los miembros del CNSP fue que las entidades se comprometen a establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corporación estatal o municipal y ninguna empresa de seguridad privada empleen uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares en grado de confusión con aquellos que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Acordaron que a más tardar en agosto de 2017, todas las entidades federativas contarán con, por lo menos, un Centro de Justicia para Mujeres.

Vizcaíno explicó que los criterios de distribución del FASP, que cuenta con una bolsa de 7 mil millones de pesos y que los nuevos criterios establecen, como prioridad, la asignación a través de medir la eficacia en el ejercicio del gasto, considerando también los posibles subejercicios que se tengan los gobiernos locales.

Sobre el subsidio tendrán que publicarse también sus reglas y criterios de operación antes del 25 de enero próximo en el Diario Oficial de la Federación. El nuevo subsidio establecen nuevos destinos de gasto y da prioridad a las personas más que al equipamiento o la infraestructura. El tema focal es el desarrollo de las personas que integran las instituciones de seguridad pública.

En cuanto al número de emergencias, que será 911, dijo que su implementación tendrá tres etapas, primer será en 10 entidades federativas; 10 en el segundo trimestre y el resto entre julio y septiembre.