El presidente Enrique Peña Nieto pidió al Senado que en la ley nacional de ejecución penal, que prepara, se incluya la profesionalización de quienes laboran en el sistema penitenciario nacional, cuyo principal problema es la sobrepoblación carcelaria de 26 por ciento que enfrenta actualmente, al atender a 256 mil internos, cuando tiene espacio para sólo 203 mil.

En el documento en que responde a las preguntas parlamentarias que le enviaron senadores de todas las fuerzas políticas, el Ejecutivo federal señala que se debe normalizar el actual marco legal, por lo que la nueva ley tiene que establecer 28 protocolos homologados y un modelo para la certificación de los 392 penales federales y estatales.

Peña respondió así a una pregunta del PRD sobre las “debilidades estructurales del sistema penitenciario, que permitieron, entre otras cosas, la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo”.

El mandatario insistió en que durante décadas el sistema penitenciario nacional había sufrido un fuerte deterioro y si bien en los últimos años se han realizado inversiones en la infraestructura para expandir la capacidad instalada, la población penitenciaria ha crecido a ritmos constantes, por lo que no se ha logrado disminuir la población interna, sobre todo en los centros estatales.

Ello, recalcó, además de representar un reto para la seguridad de los reos, implica condiciones que atentan contra los derechos humanos de esa población.

Insistió en que el personal que labora en los centros penitenciarios –22 federales, 297 estatales y del Distrito Federal y 73 municipales– no cuentan con servicio profesional de carrera, lo que implica mayor rotación del mismo y reglas poco claras para su permanencia y promoción.

Se requiere, insistió, una ley nacional de ejecución penal, que regule la administración, gobierno y funcionamiento del sistema penitenciario nacional; que establezca las atribuciones de la autoridad penitenciaria, del juez de ejecución penal, así como los derechos y obligaciones de los internos, acompañantes y visitantes.

Asimismo, la ley debe contener un régimen disciplinario y sancionador dentro de los penales.

En el documento Peña enumera 11 puntos que debe contener la iniciativa de ejecución de sentencias penales, entre ellas crear un sistema de desarrollo profesional penitenciario, que establezca la carrera penitenciaria y un régimen disciplinario y ético.

Igualmente, normar la operación de un registro nacional de información del sistema penitenciario, protocolos homologados que consoliden criterios de seguridad, organización y funcionamiento de los centros penales y establecer las bases de un programa integral para la reinserción social que procure la efectiva reincorporación a la sociedad de los reos que hayan cumplido la sentencia.

Otras de las propuestas del Ejecutivo son prever el diseño e implementación de un modelo para la certificación de penales federales y estatales, y la creación de unidades de transición a la comunidad, para el control y seguimiento de las personas beneficiadas con preliberación.