El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) informar si a 21 migrantes repatriados, secuestrados presuntamente por policías municipales y entregados a un grupo criminal para extorsionarlos, se les notificó la posibilidad de regularizar su estancia por razones humanitarias, al ser víctimas de un delito.

El pleno del Inai modificó la repuesta del sujeto obligado, que no demostró que se haya garantizado la posibilidad de este derecho a la totalidad de los migrantes centroamericanos.

En agosto de 2008, en el municipio Rafael Lara Grajales, Puebla, se registró el secuestro de los 21 migrantes y un particular solicitó al INM la información citada, que al principio le fue negada.