na denuncia ante el Ministerio Público habría cambiado el rumbo de la seguridad en Baja California.

Al menos el presidente Enrique Peña Nieto tendría un colaborador menos en un área tan sensible como la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.

El general Sergio Aponte Polito sostuvo que los procuradores de Justicia de Baja California en las administraciones de los panistas Eugenio Elorduy y Guadalupe Osuna estaban involucrados en el crimen organizado.

A uno, afirmó, le dicen El Blindado. Se refería a Antonio Martínez Luna, pero sus señalamientos se centraron en Rommel Moreno Manjarrez, cuyo sueño es convertirse en cónsul de México en San Francisco, y por recomendación de la embajada de Estados Unidos recibió el encargo de aplicar el sistema acusatorio a escala nacional.

En 2008 Rommel emplazó al general a presentar pruebas. Aponte documentó los vínculos de funcionarios, agentes del Ministerio Público y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De haber presentado denuncia penal, los señalados no estarían en el gobierno ni en panteones, sino en centros de reinserción social.

Aponte Polito, directo, aseveró hace siete años que los acusados iban a narcotienditas a cobrar cuotas por proteger a narcomenudistas, y lo mismo hacían con traficantes de personas y asaltantes de bancos y cajeros automáticos.

El general echó en cara a Rommel Moreno que algunos de estos elementos protegían el descenso de aeronaves, trasladaban enervantes y escoltaban a los principales líderes del narcotráfico.

Reprochó al entonces procurador de Justicia de Baja California que sus agentes alquilaban las patrullas para trasladar droga y que sus funcionarios solicitaban la omisión de su nombre en reportes de confiscación de drogas.

Sergio Aponte Polito sostuvo que había funcionarios que usaban el cargo para favorecer a las organizaciones criminales, y para extorsionar y cobrar cuotas a ladrones de vehículos y de partes robadas.

Afirmó que agentes y peritos modificaban escenas del crimen, desaparecían pruebas e integraban mal las averiguaciones para favorecer a delincuentes en sus procesos. Pero no hubo denuncia.