Guadalajara, Jal.

Ejidatarios nahuas de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, en el sur de Jalisco, pidieron al gobernador Aristóteles Sandoval proteger a las familias que han sido amenazadas de muerte por pistoleros al servicio de Marcelino Bracamontes, quien el 15 de diciembre logró que se libraran 22 órdenes de aprehensión por el presunto delito de despojo, dos de las cuales ya se cumplieron.

En una asamblea realizada el domingo en Ayotitlán, el consejo de mayores alertó en voz de su representante, Gaudencio Mancilla Roblada, sobre las amenazas de Bracamontes, principalmente contra mujeres que instalaron en la comunidad de La Huaca una exitosa cooperativa agrícola y de crianza de animales para autoconsumo, del cual se abastecen también habitantes de Loma Colorada y Telcruz.

Algunas participantes en ese proyecto manifestaron su preocupación y solicitaron que la asamblea pidiera audiencia con el mandatario estatal. Recordaron que cuando estuvo en Ayotitlán, en julio pasado, prometió que terminarían los ataques a los nahuas.

El ejido de Ayotitlán, uno de los más grandes del país, se encuentra 300 kilómetros al sur de Guadalajara, muy cerca de la costa y en los límites con Colima, en un territorio rico en minerales y madera codiciado por mineras –legales y clandestinas–, además de taladores ligados al crimen organizado, quienes han asediado a los indígenas durante decenios.

El proyecto en La Huaca ocupa una parcela de 14 hectáreas que Bracamontes reclamó como propia. En una apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consiguió que David Axel Ruvalcaba, juez mixto de primera instancia del municipio de Cihuatlán, emitiera 22 órdenes de aprehensión contra los nahuas.

El 15 de diciembre, los indígenas Miguel Monroy Gerardo y Marciana de los Santos López fueron detenidos en el ejido Ayotitlán por policías que buscaban a Gaudencio Mancilla Roblada, representante del consejo de mayores.

Monroy Gerardo y Santos López encabezan la resistencia de los indígenas del sur de Jalisco contra la minería a cielo abierto, y el despojo de sus recursos naturales por empresas mineras y grupos criminales.

Cuatro días después, el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, ordenó una revisión administrativa de la actuación de los policías que detuvieron a los nahuas, contra quienes Marcelino Bracamontes obtuvo las órdenes de arresto por presunto despojo de tierras.

En la asamblea dominical se ratificó la imposibilidad legal de que Bracamontes, quien no pertenece al grupo indígena, tenga éxito en su denuncia por despojo violento de tierras porque se trata de un ejido de propiedad comunal, donde ninguno de sus integrantes es dueño de la tierra y por tanto no la puede vender.

Nadie tiene certificados de derechos parcelarios sino de derechos agrarios; es decir, nadie puede comprar o vender una parcela. Bracamontes inició la causa en 2011, pero siempre ha sido irregular porque no puede acreditar la propiedad ni, por tanto, el supuesto despojo, expuso el abogado del consejo de mayores, Jaime Hernández.

Agregó que la disputa debería estarse analizando en un tribunal agrario, pues el caso no es penal bajo ningún concepto.

El sábado el fiscal Almaguer anunció que ya no se ejercería acción penal contra los otros 20 denunciados hasta que el área jurídica de la dependencia revisara si las órdenes de aprehensión eran legales.

Sin embargo, en la asamblea en Ayotitlán el abogado Hernández entregó amparos al resto de los involucrados en las denuncias, incluido Gaudencio Mancilla Roblada, quien debió internarse en la sierra el 15 de diciembre, cuando llegaron policías a la comunidad de Tiroma para cumplir la orden de aprehensión girada por el juez de Cihuatlán.

Miguel Monroy Gerardo y Marciana de los Santos López permanecen en la cárcel de Cihuatlán. Su abogado solicitó una ampliación de término constitucional –que vence el miércoles–. En ese lapso espera obtener un amparo para liberarlos.