La aplicación de varios de los programas de asistencia que realiza la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) adolecen de indicadores y controles que permitan evaluar el cumplimiento de metas en sectores de adultos mayores, jóvenes, e incluso en varios de los contenidos en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Lo anterior se desprende de las diversas revisiones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyas observaciones no han sido subsanadas por la dependencia, de acuerdo con el reciente informe entregado por este organismo a la Cámara de Diputados. Las deficiencias corresponden a la gestión de la ex titular Rosario Robles, sin que hasta ahora se hayan acreditado las inconsistencias ni justificado las razones.

Entre las principales observaciones aún no subsanadas se encuentran los cuestionamientos a las razones por las cuales en las reglas de operación de los programas de Abasto Social de Leche, Desarrollo Humano Oportunidades, de Apoyo Alimentario y de Abasto Rural, no se definió la atención de la población en pobreza extrema y con carencia de acceso a la alimentación, la cual conforma la finalidad de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en cada uno de los 405 municipios en las que opera la estrategia, a efecto de que se adopten las medidas para atender a la población objetivo.

Los adultos mayores

Uno de los programas que opera con mayores deficiencias en cuanto a la planeación, atención y definición de objetivos para alcanzar las metas es la pensión para adultos mayores, donde la principal descalificación que hace la ASF al manejo que se ha dado radice en la inconsistencia de las razones por las cuales la Sedesol determinó que por el solo hecho de incorporar a los beneficiarios con edad superior a 65 años están solventadas sus necesidades de seguridad social.

Entre las observaciones, destaca que la Sedesol no tiene fundamento para esta determinación, pues no por el hecho de incorporarlos a este programa dejan de ser vulnerables en seguridad social, ya que el programa no garantiza el acceso a una pensión, al derecho a la salud, la asistencia médica ni a los servicios sociales. Por ello, subraya el documento de la ASF, se requiere elaborar un indicador que permita medir el déficit de seguridad social de los adultos.

A esta inapropiada valoración de los alcances del programa se agregan otras insuficiencias: el programa careció de acciones para evaluar la contribución en el cumplimiento del objetivo de crear un entorno propicio y favorable a los adultos mayores; también, de indicadores específicos para medir la contribución del programa para adecuar la estructura del Instituto Nacional para la Atención de Adultos Mayores, y faltó un sistema de información útil que permita dar seguimiento al cumplimiento de objetivos.

También adoleció de criterios e indicadores para evaluar el avance en las estrategias y el instituto carece de servicio civil de carrera y no hay información de las fechas en que se entregaron los apoyos, de ahí la necesidad de contar con esa información básica para tener control sobre la entrega oportuna de los mismos.

Las observaciones de la ASF también comprenden el funcionamiento de los programas sociales dirigidos a jóvenes, donde se detectaron irregularidades, pues el Instituto Mexicano de la Juventud carece de indicadores que permitan evaluar la eficacia de las políticas públicas dirigidas al sector, careció de informes trimestrales sobre el flujo de recursos derivados del programa y los informes de rendición de cuentas son insuficientes para verificar los objetivos.