La reciente reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es un paso más para detener el tráfico de armamento de Estados Unidos a México, afirmó el senador del PRI Arturo Zamora.

Autor de esa reforma que seguramente será promulgada por el Ejecutivo federal a principios de 2016, el legislador comentó que busca contribuir a la solución de un problema grave, ya que diariamente pasan de Estados Unidos a México aproximadamente 2 mil armas de alto poder, que van a dar a manos de los grupos de la delincuencia organizada.

Las modificaciones al artículo 83 de la ley, precisó, tipifican por primera vez la posesión ilegal de cartuchos y cargadores, delito que se sancionará hasta con cinco años de prisión.

El vicepresidente de la mesa directiva del Senado, Zamora explicó que ante el aumento del tráfico de armas en el país y la recurrencia de algunas conductas delictivas, es necesario sancionar no sólo la posesión ilegal de armamento, sino también de los cartuchos y cargadores de las mismas, ya que existía un vacío legal cuando se detenía a personas con decenas de estos dispositivos llenos de balas.

La ausencia de un tipo penal para sancionar las conductas de posesión de cargadores de cartuchos puede limitar el ejercicio de la acción penal hacia personas o grupos de la delincuencia organizada.

El senador priísta señaló que, de acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte, el tráfico de armas sigue siendo un problema estructural en la relación México-Estados Unidos, y es un factor determinante del narcotráfico, violencia e inseguridad en nuestro país.

En los años recientes, insistió, se ha incrementado de manera considerable la capacidad de fuego de la delincuencia organizada, haciendo acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como cartuchos y cargadores, los cuales carecen de regulación y sanción.

Por ello, detalló, se modificó la ley para establecer una proporcionalidad a las penas, dependiendo del número de cargadores de cartuchos que se encuentren en posesión de particulares y presuntos delincuentes.

La reforma aprobada aporta los elementos necesarios a la autoridad para evitar que existan lagunas legales e impunidad en los casos en que particulares, sin los permisos correspondientes, sean encontrados con cargadores de cartuchos de armas, agregó el legislador jalisciense.

La reforma plantea que quien de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará con prisión de uno a dos años y de 50 a 100 días de salario mínimo, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores.

La pena será de dos a cinco años de cárcel y de 100 a 200 días de multa en el caso de que se trate de más de cinco cargadores.