Puebla, Pue.

Mejorar el servicio de agua potable en la capital del estado y sus alrededores sigue siendo una promesa incumplida.

Desde que la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla para Todos fue contratada para administrar el suministro, el descontento de ciudadanos, empresarios y organizaciones sociales ha crecido debido al burocratismo, cobro de adeudos inexistentes y al aumento de tarifas mensuales, de entre 200 y 400 por ciento.

La molestia se ha agudizado por la llegada de consorcios trasnacionales que pretenden instalarse en varios municipios, avalados por la Ley Estatal de Aguas, que permite la inversión privada. Destaca el caso de la fundación religiosa estadunidense Living Water, ligada a Femsa y Chevron, la cual tiene al menos 132 proyectos de agua potable en Puebla.

Hasta finales de 2013 el sistema operador de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puebla se encargaba del servicio en la zona metropolitana.

Con el argumento de que había fallas de operación y una baja recaudación (sólo en el último año de gestión se reportó un faltante de 22 millones 536 mil pesos), el Ejecutivo estatal lanzó el 18 de septiembre de 2013 una convocatoria internacional para concesionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Contrato de 60 años a firma creada al vapor

A finales de ese año se adjudicó a la empresa Concesiones Integrales un contrato de 60 años para suministrar agua y administrar el servicio en la ciudad de Puebla y en las circunscripciones territoriales de Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, Amozoc y San Miguel Xoxtla.

El Registro Federal de Contribuyentes indica que Concesiones Integrales (CIN13122313B) se constituyó apenas el 23 de diciembre de 2013; el fallo de la licitación se emitió el 12 de diciembre y el título de concesión se entregó a la empresa ganadora el día 26.

Concesiones Integrales es un consorcio formado por Grupo Financiero Monex, dueño de 75 por ciento de las acciones; la empresa Eppcor participa con 24.7 por ciento; Agua de México, con 0.224 por ciento, y Ticsa, con 0.011 por ciento. Esta sociedad hizo una inversión inicial de mil 794 millones de pesos, más 4 mil 680 millones en los primeros cinco años de gestión.

En 2014 comenzaron a multiplicarse las quejas. En el primer semestre 300 vecinos de las ciudades de Puebla y Cuautlancingo interpusieron amparos debido al incremento desmedido y arbitrario de las tarifas, aunado a problemas de desabasto y al cobro hasta de 3 mil pesos por la instalación de medidores.

Los habitantes de la colonia San Manuel, cercana a la ciudad universitaria, dicen que desde que Agua de Puebla recibió la concesión el líquido les llega sólo lunes y viernes, y las tarifas aumentaron al doble.

Algunos pobladores se han opuesto a la privatización. En la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla (al sur de la ciudad), Florina Chávez, lideresa de la colonia, señala que las mujeres se han organizado para crear comisiones de vigilancia a fin de impedir que trabajadores de la compañía entren a la localidad.

Manuel Domínguez Gabián, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, explicó que en el centro histórico no llega el agua y tienen que contratar pipas casi a diario. Agua de Puebla no les cobra por el suministro, pero sí por el uso de desagües.

José Luis García Bello, miembro de la Asamblea Social del Agua de Puebla, explicó que la privatización no garantiza el abasto y numerosas localidades reciben agua contaminada.

Cuando Agua de Puebla para Todos comenzó a operar, entre marzo y abril de 2014, impuso tarifas a su arbitrio, con aumentos hasta de 400 por ciento. Ante la ola de amparos, quejas y manifestaciones, Concesiones Integrales dejó de emitir boletas de cobro para evitar desglosar los volúmenes de consumo.

García Bello aseguró que se pretende generar escasez y agudizar la necesidad, cuando en realidad no se cuidan los mantos freáticos.