Buenos Aires.

La sospechosa e inexplicable fuga de tres reclusos condenados a cadena perpetua por un triple crimen ligado a la venta de efedrina, que utilizaron una pistola de juguete con la cual supuestamente redujeron a algunos guardias y se fueron en un automóvil policial que casualmente tenía las llaves puestas, la madrugada del domingo, agrega tensión al clima político argentino. Funcionarios y analistas hablan de una fuga con evidente ayuda interna o aluden a un compromiso adquirido con uno de estos reclusos, que participó de una maniobra mafiosa y mediática contra el gobierno anterior.

La fuga de Martín Lanatta, Víctor Schillaci y Cristian Lanatta, condenados a cadena perpetua por el asesinato en General Rodríguez (provincia de Buenos Aires) de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, en 2008, vinculados al tráfico de efedrina, es una de las noticias más inverosímiles, aun en un país habituado a los actos de brujería, señala el periodista Horacio Verbistky.

El también investigador recordó que este año, durante la campaña electoral, uno de los prófugos (Martín Lanatta), dijo al canal de TV del Grupo Clarín que quien les dio la orden de ejecutar a los tres mencionados fue Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, en una entrevista muy cuestionada realizada por el entonces periodista estrella del diario Clarín, Jorge Lanata, hoy instalado en Miami.

También recuerda Verbitsky que hasta el defensor de Martín Lanatta, el abogado Roberto Casorla Valet, lo refutó en el diario Página 12, al cual declaró: “Miente. Supongo que lo hace porque le habrán ofrecido algún beneficio. Según lo que dijo en el juicio y lo que siempre me contó a mí, no conoce a Aníbal Fernández. Buscó llegar a él, e incluso le mandó un mail, pero no lo consiguió, no lo vio jamás, de acuerdo con lo que me contó.

El eje de la campaña de (la ahora alianza gobernante) Cambiemos fue la vinculación de Fernández, candidato del Frente para la Victoria (FpV) a la gubernatura bonaerense, con el comercio de drogas ilícitas. Este efecto fue potenciado por las exhortaciones en las iglesias de la provincia a no votar por el candidato oficialista. En las elecciones de octubre ocurrió el corte de boleta más grande de la historia provincial, que llevó a la gubernatura a María Eugenia Vidal. También señaló que afectó la segunda vuelta de la elección presidencial ayudando a Macri a ganar por un exiguo margen.

Advierte el periodista que lo sepan o no los prófugos, ahora su vida corre peligro. Su muerte, ya sea en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que fueron lanzadas a perseguirlos o por cualquier otro medio que la imaginación aborigen pueda concebir, cerraría un círculo siniestro. Se sabe que los muertos no hablan.

En tanto, el interventor de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), Agustín Garzón, reconocido militante asociado al presidente Mauricio Macri, ingresó este lunes ilegalmente a la sede de esa institución, que fue allanada después de desalojar, el pasado 24 de diciembre, a sus autoridades, incluido el titular Martín Sabattella, mediante dura intervención policial y una apresurada orden del juez federal Julián Ercolini, aliado del Grupo Clarín.

Los directores nombrados por la anterior gestión y que representan a diversos partidos, denunciaron que les prohibieron el ingreso al edificio, rodeado por la guardia de infantería.

El relator especial de la Organización de Estados Americanos(OEA), Edison Lanza, había señalado hace dos días en entrevista con el diario Buenos Aires Herald que los estándares internacionales dicen que lo adecuado es tener organismos con autonomía tanto del Ejecutivo como de los poderes fácticos, que sean capaces de regular los sistemas de medios de acuerdo con principios de legalidad.

El gobierno de Macri intentó justificar la intervención con el argumento de que las autoridades desalojadas no responden a la estructura orgánica de la ley de ministerios, y adujo rebeldía para atenerse al nuevo régimen que fija las políticas de comunicación.

Lanza, al criticar la medida contra la Afsca, citó que en la creación de esta institución Argentina había establecido por primera vez un organismo con participación de la oposición, de la sociedad civil, de las provincias y que el Estado argentino, como casi todos los estados de la región, ha ratificado el tratado interamericano de derechos humanos, que deriva en muchas obligaciones, y nosotros nos fijamos en lo relacionado a la libertad de expresión. Recordó que una de las obligaciones, como lo ha dicho la Corte (Interamericana), ha sido evitar la concentración de medios, a favor de la diversidad.

Paralelamente, Sabattella espera respuesta al amparo contra el decreto que ordenó la intervención de la Afsca y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), y solicitó a la justicia dictar una medida cautelar que suspenda la aplicación del decreto 236 que ordenó la intervención.

Damián Loreti abogado, doctorado en comunicación, especialista en libertad de expresión y vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, advirtió que el interventor de Afsca toma posesión del cargo violentando la ley y que toda decisión que adopten estas nuevas autoridades resulta contraria a las reglas que exige la Convención Americana para regular materias vinculadas a la libertad de expresión, lo que implicaría responsabilidad internacional para el Estado argentino.

El gobierno avanzará sobre la Tv estatal, la Radio Nacional, la Agencia de Noticias, y ya están sacando programas como 6-7-8, uno de los escasos espacios que mediante archivos y documentación lograba enfrentar las grandes mentiras de las corporaciones contra el gobierno saliente del Frente para la Victoria, como David contra Goliat.

En la calurosa tarde de ayer más de 20 mil personas asistieron a un programa público y abierto de 6-7-8, en una plaza de esta capital, para demostrar que aunque se cierre toda posibilidad de información como intenta este gobierno, seguiremos en las calles, donde sea.