El grupo paramilitar Paz y Justicia surgió –al igual que otros grupos armados de manera ilegal en el estado de Chiapas– como parte de una estrategia de contrainsurgencia ante los pueblos base de apoyo zapatistas, iniciada en 1995.

Diversas pruebas han acreditado que esta organización contó con el apoyo económico de los gobiernos estatal (en las administraciones de Julio César Ruiz Ferro y de Roberto Albores) e incluso federal, y fue impulsada de manera decidida por el general Mario Renán Castillo, quien en esos años estaba al frente de la séptima Región Militar.

Paz y Justicia se creó con decenas de indígenas y campesinos militantes del PRI que fueron entrenados bajo los manuales estadunidenses de contrainsurgencia (suplemento Masiosare, La Jornada, 5/11/2000), y por años se dedicaron a agredir, atacar, asesinar, violar mujeres, robar cabezas de ganado y expulsar de sus tierras a pobladores de varios municipios y que eran simpatizantes del EZLN.

Hace dos días, ejidatarios de Tila adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona acusaron al presidente municipal Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez de reactivar para su servicio al grupo paramilitar, con el objetivo de controlar a los habitantes de esa población chol.

Testimonios recogidos por varios medios de comunicación ubican a Marcos Albino Torres (ex síndico de Tila), Samuel Sánchez Sánchez (ex diputado local por el PRI), Carlos López Martínez (ex presidente municipal), Isabelino Martínez (ex regidor), Raymundo Torres (quien era entonces presidente municipal de Tila) y Juan Martínez, entre los fundadores de Paz y Justicia.

De 1995 a 2000 –diversos reportes señalan– a los integrantes de Paz y Justicia se les imputa el asesinato o desaparición de al menos 122 indígenas, el desplazamiento de más de 4 mil choles y tzeltales en el norte de Chiapas, el cierre de casi 50 templos católicos, el robo de más de 3 mil cabezas de ganado y la violación de al menos 30 mujeres de varias comunidades.

Brutalidad corroborada

Su violenta forma de actuar quedó documentada en la agresión que perpetró en noviembre de 1997, cuando emboscó a una caravana pastoral integrada por el entonces obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García –quien jugó un destacado papel en las gestiones para la paz en el estado–; por el obispo coadjutor, Raúl Vera, y otros integrantes de la diócesis de esa ciudad.

Organizaciones civiles, particularmente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, representante de los familiares de las víctimas de paramilitares, han afirmado que las estrategias de estos grupos respondieron a la guerra de baja intensidad del Ejército Mexicano contra la insurgencia zapatista.

El 2 de julio de 1997, en pleno proceso electoral federal, el gobierno de Chiapas firmó un Convenio de Desarrollo Productivo con Paz y Justicia para otorgarle 4 millones 600 mil pesos procedentes de recursos públicos. El acuerdo fue firmado por líderes de la organización, el entonces gobernador Ruiz Ferro; el subsecretario de Gobierno estatal, Uriel Jarquín, y como testigo de honor aparece la firma de uno de los principales promotores de ese grupo paramilitar, el general Mario Renán Castillo (el acuerdo completo, en Masiosare, 21/12/97).

En su momento se informó que en esa ceremonia estuvo presente el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Rojas. Incluso el EZLN acusó que el ex funcionario federal otorgó 5 millones de pesos a Paz y Justicia. Aunque después el gobierno federal se desligó de la entrega de recursos y dijo que correspondían a presupuesto estatal.

Sin embargo, la pelea por los recursos públicos llevaron a fricciones entre los líderes del grupo. Ex integrantes de Paz y Justicia revelaron en su momento que los dirigentes “desviaron el dinero de las comunidades –que supuestamente fue otorgado para proyectos agrícolas– para comprar armas”. Así, varios de sus líderes formaron la Unión de Comunidades Indígenas Agropecuaria y Forestal y otros siguieron como Paz y Justicia.

El ataque contra una comunidad en 1997 llevó a la PGR a investigar al grupo, lo que derivó en la captura de 11 personas, entre ellas el entonces presidente municipal de Tila y ex diputado local por el PRI, Raymundo Hernández Trujillo. Las indagatorias no convencieron del todo a los denunciantes de la organización paramilitar.

De acuerdo con habitantes de Tila constantemente agredidos por Paz y Justicia, si bien el grupo se vio desalentado en años recientes, desde hace varias semanas, con el apoyo del presidente municipal, Gómez Gutiérrez, la banda se reactivó.