San Antonio.

Texas solicitó este martes a la Suprema Corte federal que no revise la decisión de un tribunal de primera instancia que bloqueó el plan del presidente Barack Obama para suspender la deportación de millones de inmigrantes.

Un documento de 42 páginas presentado por Ken Paxton, secretario de Justicia del estado, afirma que el plan del mandatario de suspender la deportación de 5 millones de inmigrantes soslaya las leyes federales y la autoridad constitucional. Una coalición de 26 estados, encabezados por Texas, también afirma que el gobierno de Obama no les dio notificación ni oportunidad de hacer comentarios, como se requeriría para un cambio tan grande en la política que regula la inmigración.

El asunto a discusión es el programa Acción Diferida para Padres de Estadunidenses (DAPA por sus siglas en inglés) que anunció el gobierno federal en noviembre de 2014, el cual estipula suspender la deportación y otorgar permisos de trabajo a 5 millones de inmigrantes, en su mayoría padres de ciudadanos estadunidenses y de residentes permanentes legales.

Los estados argumentan en el documento que la presencia legal concedida a inmigrantes gracias a este programa tiene repercusiones financieras significativas para ellos, como un mayor gasto en servicios de salud, seguridad pública y educación.

No quieren desbloquear plan de Obama

Según el programa DAPA, los inmigrantes podrían solicitar licencia de manejo, tarjeta de Seguro Social, crédito fiscal para el ingreso devengado, seguro de desempleo, Medicare y otras prestaciones. Los estados aseguran que al tratarse de uno de los mayores cambios en política de inmigración en la historia de nuestra nación, el plan requiere de aviso previo y comentario de las partes interesadas, incluidos los estados, lo cual no ocurrió.

El presidente no tiene la autoridad para conceder a millones de inmigrantes ilegales prestaciones como Seguro Social y Medicare, lo cual debe estar reservado a ciudadanos legítimos, indocó Paxton en el documento.

La agenda de la Suprema Corte podría permitir que los argumentos sean escuchados en abril y que se emita una decisión dos meses después. Si los magistrados apoyan al gobierno, Obama tendría apenas siete meses para implementar su plan.