e ha sostenido que mitigación, transparencia, adaptación, pérdidas y daños, y apoyos –financieros y técnicos– fueron los cinco temas más controvertidos y (más o menos) convenidos en la COP21 en París. Sus antecedentes recordados en la primera entrega, el 3 de diciembre; la mitigación revisada en la segunda, el 17, y en ésta se discuten (sin minucia) los cuatro restantes. Habrá una entrega más, el 14 de enero, con una suerte de balance preliminar. No parece excesivo dedicar la vuelta del año al mayor empeño multilateral del inicio de siglo, cuya influencia alcanzará, como se dijo, a lo que resta dél (contracción de la preposición de y el pronombre él, no aceptada por la RAE).

Los consensos sobre transparencia (información, contabilidad y vigilancia) fueron difíciles de alcanzar por la explicable resistencia al riesgo de vigilancia intrusiva. Se convino que, al elaborar sus CDN (contribuciones determinadas a nivel nacional), que son voluntarias, y al rendir cuentas al respecto, las partes deberán: a) contabilizar las emisiones y absorciones antropógenas con las metodologías y sistemas de medición establecidos; b) velar por la coherencia entre el contenido y la aplicación de las CDN; c) incluir todas las emisiones o absorciones antropógenas y, una vez que alguna fuente, sumidero o actividad haya sido contabilizado, continuar incluyéndola, y d) explicar la exclusión de toda emisión o absorción antropógena, antes considerada. Se deberán atender siempre las orientaciones formuladas por el Grupo de Trabajo Especial, a fin de asegurar la calidad, transparencia y comprensión de las CDN.

Uno de los puntos contenciosos fue la amplitud del lapso de renovación de las CDN, pues no se admiten revisiones a la baja en el nivel o rango de las contribuciones, y las nuevas deben mostrar una progresión o avance sobre las precedentes. Se aceptó un periodo quinquenal, de suerte que las primeras CDN se aplicarán en el lapso 2020-2024 y deberán sustituirse por otras, formuladas conforme al principio de progresión, para el segundo periodo quinquenal, a partir de 2025.

El artículo 13 del acuerdo, uno de los más extensos y cuyo nivel de detalle refleja la importancia que los países avanzados atribuyeron a esta cuestión, establece un marco de transparencia reforzado para las medidas y el apoyo, cuyo fin proclamado es fomentar la confianza mutua y promover la aplicación efectiva del acuerdo. Se establece, en esencia, que cada parte deberá proporcionar periódicamente: a) un informe sobre el inventario nacional de emisiones antropógenas por fuente y de la absorción antropógena por sumidero de GEI; b) la información necesaria para el seguimiento de los progresos de su aplicación y el cumplimiento del CDN, y c) según proceda, información sobre efectos del cambio climático y la labor de adaptación. Si bien la obligación de informar sobre financiación, transferencia de tecnología y fomento de capacidad alcanza a donantes y receptores, se advierte asimetría.

La adaptación a las consecuencias del cambio climático, muchas de las cuales afectan ya y de manera creciente al planeta, es reconocida como componente esencial, junto con la mitigación, de la respuesta global al calentamiento global. Consiste en aumentar la capacidad, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Se establece que los mayores esfuerzos relativos corresponden a las partes más vulnerables, en buena parte países en desarrollo insulares pequeños y menos adelantados. La orientación central del Acuerdo de París en materia de adaptación se refiere a las acciones de cooperación y asistencia que estos países deben recibir y al reconocimiento y apreciación de sus esfuerzos al respecto. Se convino en que tanto el Comité de Adaptación como el Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados elaborarán modalidades para reconocer los esfuerzos de adaptación de las partes que son países en desarrollo. Cuando proceda, éstas presentarán y actualizarán en forma periódica una comunicación sobre la adaptación que podrá incluir sus prioridades, sus necesidades de aplicación y apoyo, sus planes y sus medidas, sin que ello suponga una carga adicional para las Partes que son países en desarrollo.

En dos años se definirán metodologías y recomendaciones para facilitar la movilización de apoyos para adaptación de países en desarrollo y, en especial, el Fondo Verde para el Clima acelerará la prestación de asistencia para formular planes nacionales de adaptación y para la aplicación de sus políticas, proyectos y programas.

Sobre pérdidas y daños, la COP21 ratificó y respaldó el Mecanismo Internacional de Varsovia, que data de 2013 y privilegia el intercambio de información sobre las prácticas óptimas para hacerles frente. A partir de 2016, el Mecanismo quedará formalmente incorporado al Acuerdo de París.

La noción más debatida en esta materia fue la relativa a las responsabilidades, en especial la de los estados por contribuciones históricas al calentamiento global. Se optó –ante la insistencia de los países desarrollados, que consideraron esta cuestión en de sus líneas rojas– por incluir el párrafo 52 de la resolución, que reza: [La Conferencia] conviene en que el artículo 8 del Acuerdo no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o de indemnización. Algunos comentaristas subrayaron que sin esta inequívoca exclusión de adeudos históricos no se habría configurado el consenso en la COP21.

Finalmente, sobre financiación hubo transacciones muy debatidas, de las que también dependió, en muchos momentos, el resultado final. Aunque la retórica se basó en la idea de un solo mundo, la tradicional división Norte–Sur reapareció en el tema financiero. Se convino, inter alia, en: a) un elemento de condicionalidad, pues el financiamiento sólo se mantendrá en el contexto de una labor real de adaptación y de transparencia en la aplicación; b) una promesa de progresión de las contribuciones financieras, y c) la noción de equilibrio de esfuerzos de adaptación y mitigación. En lenguaje llano, el consenso no incluyó compromisos adicionales de financiación antes de 2025, sino apenas la promesa de que se procurará mantener el nivel (com)prometido desde hace tiempo: 100 mil millones de dólares a partir de 2020, para luego conseguir alguna progresión. El énfasis en la mayor diversificación de fuentes de financiación para el clima podría suponer menores transferencias públicas en la medida en que se logre movilizar más recursos privados –de lo cual hay ya indicios importantes. Finalmente, la alusión al equilibrio entre adaptación y mitigación puede incluir la intención de reforzar la primera para atenuar el esfuerzo en mitigación.