La privatización del petróleo y la electricidad se hará en medio de una total opacidad, toda vez que la reforma energética aprobada en diciembre de 2013 no incluyó medidas para transparentar la actuación de autoridades y empresas extranjeras; además, modificaciones siguientes impidieron abiertamente que la información se haga pública, advirtieron senadores de PRD y PT.

El coordinador petista Manuel Bartlett señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende mantener ocultos los contratos otorgados a trasnacionales para la explotación del petróleo y todos los privilegios que se darán a las empresas extranjeras, que se llevarán la mayor parte de la renta petrolera.

Explicó que por ello y de forma deliberada, ni en la reforma constitucional energética, ni en sus leyes secundarias se pusieron normas sobre transparencia y anticorrupción. Las autoridades aseguraron que se incluirían en la legislación en la materia, pero no fue así.

La senadora perredista Dolores Padierna resaltó que la reforma constitucional sobre transparencia y sus dos leyes secundarias también dejaron fuera el tema energético.

Recordó que propuso que en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en noviembre de este año, se incluyera la obligación de las autoridades de Energía de dar a conocer los campos de exploración y explotación asignados a Petróleos Mexicanos, pero fue rechazado por la mayoría de PRI, PVEM y PAN.

Es muy importante, detalló la senadora, que esa información sea pública, dado que se trata de activos que son propiedad de la nación, que van a pasar también a manos de empresas privadas, como quedó de manifiesto en la más reciente asignación de contratos a consorcios privados, dentro de la llamada ronda uno, en la cual les transfirieron campos que originalmente pertenecían a Pemex y había realizado inversiones.

El senador del PAN, Javier Corral, lamentó también que en la Ley Federal de Transparencia se dejara fuera la obligación de hacer públicos los procesos de licitación y de asignación de contratos, de reservas petroleras y de algunas de las técnicas que se utilizarán para la extracción de hidrocarburos, como es el fracking.

Por su parte, el senador Alejandro Encinas, del PRD, señaló que además de esas omisiones, el Senado avaló a finales del pasado periodo de sesiones –que concluyó el pasado día 15– una reforma que reserva toda la información energética por motivos de seguridad

Explicó que se trata de una reforma que viola la Constitución, incluída en la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, que está ya en la Presidencia de la República para su aprobación.

Fue una desverguenza, no tenía por qué incluirse en una legislación sobre robo de hidrocarburos un tema de transparencia, de impedir que se haga público todo lo relacionado con la explotación del petróleo y la electricidad.

Encinas resaltó que la violación a la Carta Magna es evidente y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) puede presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte para echar abajo esa disposición”.