En 2013, a menos de dos años de terminar la administración de Juan N. Silva Meza como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la construcción de órganos jurisdiccionales y de palacios de justicia federales enfrentaba un serio rezago, lo que prendió los focos rojos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) ante la posibilidad de no cumplir con el mandato constitucional de echar a andar el nuevo sistema de justicia penal a escala nacional en mayo de 2016.

En un hecho sin precedentes, el 15 de abril de ese año el ministro Silva Meza, en su carácter de presidente del CJF, firmó un convenio con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para construir y rehabilitar órganos jurisdiccionales a escala nacional. En total, la Dirección General de Ingenieros construyó y/o rehabilitó 58 obras en un lapso menor a 18 meses, por un valor superior a 2 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con información obtenida por La Jornada.

A pesar de que las obras se entregaron en tiempo y forma, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una serie de recomendaciones al respecto. Planteó la necesidad de que la Cámara de Diputados revisara las atribuciones de la Defensa Nacional para construir obras para dependencias oficiales, que el precio de las obras no fue menor al que se había estimado inicialmente en comparación con constructoras privadas y que los militares subcontrataron empresas en un nivel mayor al esperado.

Funcionarios judiciales consultados explicaron que el tema en aquel entonces era más complejo de lo que parecía.

Había en el norte del país construcciones de juzgados y tribunales que estaban paradas, porque los contratistas estaban amenazados por la delincuencia organizada de que si no pagaban derecho de piso no los dejarían trabajar; además, había otros casos en los que las constructoras no cumplían con los tiempos establecidos y las obras presentaban grandes rezagos.

Pusieron como ejemplo la construcción de juzgados y tribunales en Matamoros, Tamaulipas, donde las obras se iniciaron el 21 de enero de 2008 –con un contratista privado– y fueron terminadas hasta el 31 de diciembre de 2013 por la Sedena.