l asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, perpetrado ayer en esa localidad por un grupo de hombres armados, es una trágica muestra del descontrol que impera en el estado y de la libre actuación en él de grupos de la delincuencia organizada.

Ciertamente, esa circunstancia se remonta a décadas atrás, desde que grupos de secuestradores empezaron a asolar la entidad, y se agudizó con la contraproducente guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, durante la cual el cártel de Arturo Beltrán Leyva –muerto en 2009 en una cruenta operación de la Marina en Cuernavaca– se asentó en la entidad. El propio Temixco se convirtió en una zona fuera de control, como lo evidenció el asesinato de siete jóvenes –entre ellos, el hijo de Javier Sicilia, Juan Francisco– en marzo de 2011.

La situación generada durante los gobiernos locales priístas y panistas no mejoró con la llegada del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu a la gubernatura. Por el contrario, actualmente operan en la entidad grupos criminales como Guerreros Unidos y Los Rojos. A la fecha se considera que Cuernavaca ha superado a Acapulco como el municipio más violento del país. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos registra una tasa de 23.17 homicidios por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Guerrero (51.12), Sinaloa (30.36) y Chiapas (23.8).

Ciertamente, una parte sustancial del drama que vive Morelos es la persistencia del actual gobierno en la estrategia equívoca de combate a la criminalidad heredada del sexenio anterior. Pero ello no exime de responsabilidad a las autoridades locales, en la medida en que una porción importante de la delictividad en el estado corresponde al fuero común y no al federal.

Volviendo al homicido perpetrado en Temixco, aunque Ramírez Garrido Abreu aseguró tras el asesinato de la alcaldesa Mota Ocampo que no cederemos ante el embate de la delincuencia, las cifras referidas parecen indicar lo contrario: que se ha cedido el control de diversas regiones de la entidad a grupos criminales.

Por lo demás, en Morelos se han acentuado los procesos de descomposición institucional y la represión a los luchadores sociales y a los movimientos populares, especialmente el de la disidencia magisterial y diversas causas comunitarias.

Ayer mismo, para no ir más lejos, en la localidad de Jojutla fueron capturados sin justificación alguna 12 simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional –tres de ellos, menores de edad– y hasta el cierre de esta edición permanecían detenidos sin que se les fincara acusación alguna.

El asunto viene al caso porque resulta difícilmente concebible que una autoridad pueda hacer valer el estado de derecho si no empieza por acatarlo ella misma y si no es capaz de abordar y resolver los conflictos sociales en una lógica más amplia que la policial.