ubo celebraciones por todos lados, y una vez más la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, ha sido un espectáculo incomparable reuniendo a más de un millón de personas para recibir el Año Nuevo y ofrecer homenajes a Iemanjá, la diosa del mar.

Pero, la verdad verdadera es que el año 2015 terminó solamente en el calendario. Para Brasil, 2016 empezará a partir de febrero, quizá marzo. Será cuando la Corte Suprema y el Congreso retomen sus actividades, luego del receso de fin de año. Mientras, los principales problemas de 2015 seguirán preocupando al país. Sus excelencias, los más altos magistrados, y los casi nunca honorables diputados y senadores, se dan vacaciones entre el 23 de diciembre y el primero de febrero. Cuando vuelvan a sus labores tendrán que decidir sobre el futuro de las figuras que concentraron las atenciones a lo largo de cada día de ese 2015 que no termina.

En el Congreso tendrá un nuevo comienzo el juicio que decidirá la permanencia de Dilma Rousseff en la presidencia de la nación. El Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia, ya determinó cómo debe ser el proceso del juicio, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció que lo recurrirá.

Blanco de tres investigaciones en la misma Corte Suprema, Cunha también está sometido al juicio de sus pares acusado de quiebra de decoro. En ese periodo de receso parlamentario conspira un día sí y otro también. Sabe que perderá su mandato y la presidencia de la Cámara, y muy probablemente irá a parar a una cárcel, debido a los delitos que cometió (lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y otras cositas más). Pero tratará de postergar al máximo su destino derrocando a la mandataria que fue electa por la mayoría de los brasileños.

Antes de marzo, nada será decidido, y el país seguirá en vilo, mientras los indicadores económicos y sociales se derrumban con rapidez.

Sin embargo, es probable que tan pronto retomen sus actividades, los integrantes de la Corte Suprema decidan primero el futuro del mismo Cunha: la Procuraduría General de la Nación pidió formalmente la suspensión de su mandato, acusándolo, además de los crímenes que ya están bajo investigación, de utilizar las prerrogativas de su puesto para impedir la acción de la justicia.

Dilma Rousseff, por su parte, logró algún espacio para volver a respirar con un poco más de alivio. Sabe que el escenario de 2016 es feo, herencia de un 2015 en que el país vivió la peor recesión de los 25 años pasados. El desempleo, que ronda la tasa de 8 por ciento, crecerá principalmente en los sectores de servicios y comercio.

Las investigaciones sobre corrupción en las empresas estatales, principalmente Petrobras, seguirán sacudiendo a los medios políticos brasileños. Las acciones de la policía y del mediático juez de provincia a cargo del caso seguirán presionando a algunos de los principales aliados de la mandataria, como el presidente del Senado y del Congreso, Renan Calheiros.

En las pasadas dos semanas, Dilma Rousseff emitió señales claras de que intenta reconquistar el espacio perdido junto a la izquierda y a los movimientos sociales. Cambió al ultraliberal ministro de Hacienda, Joaquim Levy, por el desarrollista Nelson Barbosa.

Insiste, y con razón, en la urgente necesidad de alcanzar reformas esenciales, como la tributaria, la laboral y la del sistema de jubilaciones. Pero no quiere avanzar sobre temas delicados sin antes abrir un hasta ahora inédito diálogo con las bases del PT y de la izquierda. Sabe que necesitará de su apoyo para reconquistar otro espacio perdido, el de las calles, sin el cual crecen las posibilidades de que triunfe el golpe tramado en el Congreso.

Por esos días ocurrió algo insólito: el gobierno reconoció lo que está a la vista de todos, es decir, los errores cometidos. Primero, el jefe de gabinete, Jacques Wagner, admitió con todas sus letras que las medidas de incentivo al consumo (exención fiscal) abrieron un agujero catastrófico en la recaudación del gobierno (algo así como siderales 130 mil millones de dólares en dos años). Y, luego, la misma Dilma aceptó un inédito mea culpa.

Si 2015 fue un año perdido, gracias en muy buena parte a la conducta irresponsable de la oposición, que sigue negándose a admitir el resultado de las urnas de un ya lejano 2014, sus efectos sobre 2016 ya están consolidados. La crisis política paralizó al gobierno y arruinó la economía, que ya estaba mal. Ahora, Dilma y sus articuladores buscan, desesperadamente, recomponer la alianza que supuestamente le aseguraría condiciones mínimas de gobernar.

Hay poquísimos rayos de luz en un cielo tapado por nubarrones de malos presagios, pero queda alguna esperanza. Cuando la Corte Suprema y el Congreso vuelvan a funcionar, algunos aspectos básicos serán aclarados, principalmente con relación al futuro de Eduardo Cunha, una de las más nefastas figuras del escenario político brasileño en muchas décadas.

Empezará, entonces, el 2016, que vendrá a la sombra de un año catastrófico. Nos queda un consuelo: difícilmente será peor que ese 2015 que insiste en no terminar…