Debido a las críticas suscitadas por el recién firmado Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (ATP) –que abarca diversos rubros, como propiedad intelectual, economía digital, inversión, medio ambiente y medidas anticorrupción–, este mes el Senado realizará foros y audiencias públicas antes de ratificarlo.

Un acuerdo de la mesa directiva del Senado –presidida por Roberto Gil– propone que el ATP, firmado en Estados Unidos en octubre pasado por 12 países, ente ellos México, se discuta con representantes empresariales, sindicales, académicos, organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación, gobiernos y congresos estatales.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, el priísta Teófilo Torres Corzo, sostuvo que una de las preocupaciones que se han hecho públicas se debe a eventuales afectaciones a empresarios mexicanos; sin embargo, dijo, sus intereses quedaron a salvo y el Senado velará por ellos durante la ratificación del tratado de libre comercio.

Participante de un grupo plural de senadores en las negociaciones antes de la firma del acuerdo, expresó que las pláticas fueron complicadas porque muchos países pretendían imponer condiciones que lastimaban a México, pero al final se logró un tratado exitoso, que va a beneficiarlo.

Reveló que en la recta final los negociadores mexicanos tuvieron problemas con autopartes y laboratorios médicos de Estados Unidos, pero se buscó obtener lo mejor, con el menor daño posible.

Participantes

En las audiencias y foros públicos a los que convocará el Senado participarán especialistas, cámaras empresariales y otros actores que podrán exponer opiniones y argumentos técnicos en sesiones que se transmitirán por el Canal del Congreso y estarán abiertas a todos los que quieran participar.

Los foros estarán coordinados por la Comisión de Relaciones Exteriores y contarán con la participación del resto de las comisiones del área internacional (Asia-Pacífico, América del Norte y América Latina, Comercio y Fomento Industrial, Desarrollo Rural, Energía, Agricultura y Ganadería, Autosuficiencia Alimentaria, Justicia y Fomento Económico), y podrán requerir la información necesaria a las dependencias del gobierno federal y citar a los funcionarios involucrados en el ATP.