n reacción al asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, perpetrado en esa localidad morelense el sábado pasado, el gobernador de la entidad, Graco Ramírez, impuso el mando único policial, lo que provocó una virulenta confrontación verbal con el edil de la capital del estado, Cuauhtémoc Blanco. Por su parte, otros ejecutivos estatales de extracción o base perredista emitieron un comunicado de respaldo a ese modelo de mando, ideado en el sexenio pasado como medida desesperada ante la indetenible cooptación de corporaciones municipales de seguridad pública por la delincuencia organizada.

Paradójicamente, el priísmo gobernante retomó el año antepasado el fallido intento de su antecesor panista para quitar a los municipios la dirección de sus fuerzas de seguridad pública para ponerlas bajo el control de los gobernadores, en tanto que el partido blanquiazul descubrió de pronto, ya en este sexenio, que la iniciativa que defendieron cuando ocuparon la Presidencia era un riesgo para el federalismo.

Ciertamente, la idea del mando único policial es contraria al artículo 21 constitucional (La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de delitos [y] la investigación y persecución para hacerla efectiva) y al principio institucional del municipio libre, consagrado en el artículo 115, fracción II, de la Carta Magna: Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno... Por ello, el control de las policías municipales por las gubernaturas requeriría, para tener plena validez jurídica, una modificación mayor al texto de la Constitución.

Pero el problema de la centralización de los mandos policiales en manos de los gobernadores no es únicamente su inconstitucionalidad sino su falta de concordancia con la realidad: la infiltración de la delincuencia organizada en corporaciones de seguridad pública no se limita a las municipales, sino que afecta de igual manera a las estatales y federales. En tal circunstancia, trasladar el mando policial de ayuntamientos a los mandatarios estatales podría quedar en un mero trasvase de complicidades con la criminalidad, sin ningún efecto real en lo que se refiere a la verdadera implantación de un estado de derecho.

Un ejemplo claro de la cuestionable eficacia de la medida comentada es lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del año antepasado en Iguala, Guerrero. Aunque formalmente ya operaba en ese estado el esquema del mando único, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero se lavó las manos asegurando que quien se desempeñaba como alcalde igualteco, José Luis Abarca, no lo obedecía; éste, por su parte, ha afirmado por medio de su defensa legal que los efectivo policiales de la ciudad respondían al mando único.

El asunto sigue sin esclarecerse hasta la fecha, pero hay un dato incuestionable: los cuerpos policiales del ayuntamiento, el estado y la Federación, así como el Ejército, compartían información en tiempo real por medio del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), supieron lo que ocurría y, sin embargo, no fueron capaces de reaccionar ante la atrocidad oficialmente atribuida a policías municipales en contubernio con un grupo delictivo.

Otra agresión grave contra los estudiantes de Ayotzinapa fue perpetrada en diciembre de 2011, cuando policías estatales y federales dispararon contra normalistas que se manifestaban en la Autopista del Sol y mataron a dos de ellos.

Si a las violaciones a los derechos humanos cometidas por corporaciones de seguridad pública de los tres niveles en años recientes debe agregarse el conjunto de casos comprobados de connivencia de éstas con la criminalidad, resulta claro que no es viable atajar la descomposición y el descontrol de los cuerpos policiales mediante mandos centralizados en lo estatal o en lo Federal. Se requiere, en cambio, el saneamiento y la profesionalización de todas las policías del país –Federal, estatales y municipales– y una verdadera voluntad política para combatir la corrupción en diversos ámbitos de la administración pública.