Debido al rezago que enfrenta la población infantil y adolescente de migrantes jornaleros e indígenas, este año el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) impulsará directrices que permitan mejorar su acceso educativo y la calidad de la instrucción que reciben.

En el Programa de Emisión de Directrices 2016, aprobado por la junta de gobierno del organismo autónomo, se indica que la alta vulnerabilidad de los menores migrantes jornaleros y la dificultad para entrar a los servicios educativos se refleja en que el promedio de escolaridad para los mayores de 15 años es de 4.5 años, cuando el promedio nacional es de 8.1 años.

Además, desde hace dos años se redujo 44 por ciento el gasto que se destina al Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim), el cual fue compactado con otros seis fondos para crear el Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE).

Sin embargo, el nuevo programa sólo recibió en 2014 recursos por 558.8 millones de pesos, mientras un año antes los siete fondos obtuvieron en conjunto mil 261 millones de pesos.

Este recorte afectó la atención educativa a los niños jornaleros agrícolas, pues de 53 mil 679 alumnos en 2012 la cifra bajó a 30 mil en 2015.

Se trata, afirma el INEE, de una cobertura muy pequeña, si se considera que el universo de atención alcanza 272 mil 199 personas de seis a 18 años, hijos de familias jornaleras agrícolas, pues la cobertura es de poco más de 10 por ciento.

En su análisis sobre los resultados obtenidos por el Pronim y el Consejo Nacional de Fomento Educativo se detectó un déficit en la coordinación interinstitucional entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Secretaría de Educación Pública y el consejo, pues muchos niños no pueden tener una trayectoria educativa fluida debido a la falta de información, coordinación y modelo de atención a migrantes, lo que es común entre los organismos.

A esto se suma, agrega el documento, las condiciones de trabajo y contratación de los docentes, las cuales se caracterizan por su alta precariedad laboral, baja profesionalización, alta rotación y baja calidad del servicio educativo.

El INEE señala que una evaluación de la política educativa para este sector de la población, realizada por la Unidad de Normatividad y Política Educativa del instituto, reveló que a la fuerte reducción presupuestal se agregan nuevos retos, como el impacto de la centralización de la nómina magisterial y los procesos de contratación derivados de la reforma educativa.