Nueva York.

Defensores de inmigrantes, líderes religiosos y algunos políticos intensificaron su condena a las redadas de inmigrantes realizadas por el gobierno de Barack Obama en los últimos días, enfocadas contra familias centroamericanas en busca de refugio ante la violencia en sus países.

Las redadas realizadas por la agencia de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interior que empezaron el 2 de enero en Georgia, Texas y Carolina del Norte, generan temor y angustia en comunidades inmigrantes por todo el país, denuncian defensores de inmigrantes.

Marielena Hincapíe, directora del National Immigration Law Center, comentó a periodistas que en casos donde hay acceso a un abogado se ha logrado frenar las deportaciones en 90 por ciento, pero de los más de 120 (aún nadie tiene la cuenta exacta) capturados en redadas el pasado fin de semana, entre muchos más que podrían ser afectados, pocos entienden sus derechos, ni tienen acceso a representación legal antes de ser detenidos y deportados. Mujeres y niños que huyen de la violencia de sus países, en lugar de recibir seguridad del gobierno de Estados Unidos, han visto violados sus derechos, dijo Hincapíe en una teleconferencia de prensa. Afirmó que estas acciones violan las leyes de refugio y posiblemente los derechos constitucionales. Las redadas, concluyó, representan uno de los momentos más oscuros de este gobierno de Obama.

Hoy la principal asociación nacional de abogados (con más de 400 mil miembros), la American Bar Association, condenó las medidas para deportar a madres y sus hijos en busca de refugio y llamó al gobierno a poner un alto inmediato a estas redadas y a adherirse a los principios fundamentales de justicia y proceso debido.

La obispa Minerva Carcaño, de la Iglesia metodista de Los Ángeles, denunció que los agentes entran a las casas despertando a niños para llevárselos con sus madres a centros de detención. En respuesta, informó, decenas de comunidades religiosas se están organizando para ofrecer santuario a las víctimas.

La reverenda Alison Harrington, pastora de la Iglesia presbiteriana Southside en Tucson, Arizona –pionera del movimiento de santuario para inmigrantes y refugiados en los años 80 y que llegó a incluir unas 400 iglesias–, informó que una vez más el gobierno genera una pesadilla para familias inmigrantes en Estados Unidos, ante lo cual se levanta ese movimiento para ofrecer el regalo de santuario a los que huyen de estos países. Denunció que estas redadas se realizan para crear caos en nuestras comunidades.

Noel Anderson, coordinador de bases del Church World Service, indicó que hoy día se moviliza una red de unas 300 iglesias de este movimiento de santuario –algunas para ofrecer refugio contra las medidas injustas– para declarar a la Casa Blanca que debería arrepentirse del pecado estructural de las redadas.

Algunos de estos líderes religiosos señalaron que la respuesta entre sus bases es ecuménica, con agrupaciones cristianas, judías y musulmanas coordinándose entre sí para ofrecer información, apoyo y posiblemente santuario a los afectados en resistencia a estas medidas del gobierno.

Tania Unzueta, dirigente de la campaña Ni uno más (#Not1more), dijo en teleconferencia de prensa hoy que el uso de redadas como táctica tiene el propósito de generar gran temor y ansiedad en las comunidades inmigrantes. Se emplea para maximizar el pánico, indicó.

Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, agrupación nacional que aboga por una reforma migratoria, declaró que en lugar de redadas en hogares y deportaciones de familias vulnerables, deberíamos proteger a refugiados que provienen de algunos de los países más violentos del mundo, y lamentó que estas medidas, que se parecen más a las promovidas por republicanos, sean impulsadas por un presidente demócrata.

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), también denunció las medidas y las consideró tan negativas como las propuestas antimigrantes de candidatos republicanos. La triste verdad es que las acciones del presidente Obama son más viles que las palabras de Trump. El magnate estigmatiza a la gente con lenguaje deshumanizante, el presidente Obama los deporta.

Varias agrupaciones, desde el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales hasta la Georgia Latino Alliance for Human Rights y la Unión American de Libertades Civiles (ACLU), entre otras coaliciones de defensores, se suman al coro que exige freno a estas medidas y documentan las violaciones.

Algunos políticos destacados se sumaron a las críticas a las redadas. El representante federal Luis Gutiérrez dijo: ya estamos viendo señales de pánico, algunos niños han dejado de ir a la escuela y sus padres a trabajar por el temor, y con ello, el nuevo año ya se convirtió en un año de temor y de esconderse, y deploró que esto haya sido impulsado por el presidente surgido de su partido.

La presidenta del caucus hispano del Congreso, la representante federal Linda Sánchez, declaró que la invasión de hogares para romper familias por la fuerza no debería ser un símbolo de Estados Unidos, y agregó que es una medida inhumana que sólo agrega al trauma de estas familias que huyen de la violencia y la opresión.

El gobierno de Obama ha justificado las redadas como necesarias para cumplir la ley. El secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, reiteró en un comunicado el 4 de enero que nuestras fronteras no están abiertas a la migración ilegal; si uno llega aquí ilegalmente, lo regresaremos conforme a nuestras leyes y valores. Repitió que las prioridades para la deportación se limitan a criminales y a los detenidos en la frontera o quienes ingresaron sin documentos después de enero de 2014.

De hecho, Johnson ha indicado, y analistas suponen, que estas medidas se han llevado a cabo ante temores de otra ola de familias y menores de edad centroamericanos no acompañados que abrumaron a las autoridades migratorias en 2014, y que las redadas tienen un propósito de disuasión.

Los detenidos hasta la fecha, según la versión oficial, son indocumentados que llegaron en esa ola, y que perdieron sus casos para permanecer en el país, por lo que un juez ordenó su deportación.

Críticos advierten que estas medidas podrían tener un costo político para el partido de Obama al arrancar este año electoral.

Entre la retórica cada vez más antimigrante de precandidatos republicanos como Trump y el inicio de una serie de redadas, 2016 no nació con buenos augurios para los inmigrantes en Estados Unidos.