a mayoría opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela tomó ayer el juramento a tres legisladores pertenecientes a la Mesa de Unidad Democrática (MUD). De tal forma, la coalición opositora consolidó el control que había asumido la víspera sobre la instancia legislativa, luego de 17 años de hegemonía chavista.

Cabe recordar que el arribo de los tres legisladores al parlamento venezolano había sido puesto en suspenso desde la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia, en el contexto de una impugnación a la elección en el estado de Amazonas que afectó también la proclamación de un diputado oficialista. La determinación de los legisladores de la MUD de tomar protesta a los tres representantes mencionados constituye, pues, un desacato al ordenamiento judicial que ha sido repudiado por la minoría oficialista.

De esa forma se profundiza en forma indeseable el zipizape protagonizado por el chavismo y la oposición a raíz de las elecciones del pasado 7 de diciembre, que terminaron por dar el control del cuerpo legislativo a la segunda: mientras que Henry Ramos Allup, dirigente del partido Acción Democrática (AD) y designado nuevo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, ofreció que desde esa instancia se implementará en seis meses un mecanismo para cambiar de gobierno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que defenderá con mano de hierro la democracia y estabilidad del país, y retó a la oposición a convocar a un referendo revocatorio para sacarlo del poder.

Aunque al término de los comicios tanto el presidente Maduro como la dirigencia de la MUD hicieron llamados a la unidad nacional y a la reconciliación, el hecho es que la derrota del chavismo gobernante y la toma de control legislativo por la oposición han acentuado el carácter de país polarizado y dividido que se manifestó en las urnas en las elecciones de hace un mes. En ese contexto se presenta como sumamente improbable la posibilidad de una convivencia armónica entre un Ejecutivo progresista y un Legislativo dominado por la derecha –hegemónica en la MUD, por más que en ella participen también otras corrientes–, y crece la amenaza de llevar a la institucionalidad venezolana al inmovilismo, en perjuicio de los habitantes de ese país.

Es innegable percibir en la agenda de la mayoría legislativa venezolana una continuación de las políticas neoliberales y potencialmente desestabilizadoras que se expresaron en años previos en intentonas diversas por subvertir la institucionalidad democrática. No obstante, las autoridades de Caracas perjudican su propia causa al enfrascarse en el juego opositor y soslayar con tal actitud el mandato popular que se expresó el 7 de diciembre, cuyo respeto debe ser un precepto incuestionable y de aplicación universal de la democracia.

Para colmo, la crispación alimentada por el chavismo y la oposición resulta particularmente contraproducente para el primero, en la medida en que aporta argumentos a la campaña de la derecha venezolana, los capitales trasnacionales y las figuras políticas extranjeras que se han sumado, desde tiempos del difunto Hugo Chávez, al acoso en contra del Palacio de Miraflores. El momento actual constituye, en suma, un reto monumental para la institucionalidad venezolana y su ciudadanía.