La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió a la Fiscalía General de Guerrero el desistimiento de la acción penal en contra de Nestora Salgado, y que la resolución de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero se apegue a derecho y a los más altos estándares internacionales en su decisión, a fin de lograr la liberación inmediata e incondicional de la ex dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Olinalá.

En una carta abierta dirigida al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, la red –integrada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 organizaciones– afirma que la detención ilegal y arbitraria de la señora Salgado es a todas luces un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de garantías básicas en México, en represalia por la labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su voluntad de regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.

En el texto se da cuenta de las múltiples irregularidades jurídicas y de procedimiento legal cometidas desde la detención de la señora Salgado en agosto de 2013, por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de medidas cautelares, que sólo fueron parcialmente cumplidas por el gobierno mexicano tras una huelga de hambre de casi un mes de la ex líder comunitaria, situación que agravó su ya delicado estado de salud.

Además, la red señaló que esta huelga de hambre y las reuniones para tratar de concretar las medidas cautelares ordenadas por la CIDH han evidenciado la falta de voluntad política para la liberación de la defensora, a pesar de que no se cuenta con las pruebas necesarias para sostener las acusaciones de secuestro que se le imputan.

En estos más de dos años de prisión no se ha presentado a declarar ninguna de las presuntas víctimas de los delitos que le imputan a la señora Salgado.

Por ello, se exhorta al nuevo fiscal, Javier Ignacio Olea Peláez, a desistirse de las acusaciones contra Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en contra de la defensora, y de tres elementos más de la CRAC-PC que hoy todavía enfrentan proceso penales, pero que están libres bajo caución, por eventos relacionados y otros más de criminalización.

Las organizaciones civiles y de derechos humanos exigieron también una reparación integral del daño para la defensora y su familia; garantías de seguridad, y un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por la detención ilegal de Nestora Salgado.