El gobierno del presidente Enrique Peña Nieta puede hacer uso de la extradición temporal para agilizar la entrega a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, recapturado el pasado viernes, informaron fuentes gubernamentales.

En tanto, ayer un juzgado otorgó a Guzmán Loera una suspensión de plano (sólo se concede cuando está en peligro la vida, salud o se corre el riesgo de un destierro) que solicitaron los abogados del capo ante el temor de una orden presidencial para sacarlo de territorio mexicano sin que se cumpla el procedimiento administrativo de extradición, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Abogados penalistas y expertos en extradiciones, entrevistados por La Jornada, aseguraron que no existen en la Constitución ni en alguna ley secundaria una norma jurídica que otorgue facultades exclusivas al presidente de la República para realizar el destierro, extradición apresurada o entrega inmediata de un connacional a un gobierno extranjero, y que en caso de hacerlo el titular del Poder Ejecutivo federal violaría la Carta Magna y los derechos humanos del extraditado.

Lo único que existe en el ámbito de lo legal es un protocolo que se firmó el 13 de noviembre de 1997 en Washington, y que fue añadido al tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos, el cual establece el recurso de la llamada extradición temporal, la cual permite que quienes enfrenten cargos en los dos países primero sean juzgados y sentenciados en uno, y luego sean entregados temporalmente para que se les procese en el otro, a reserva de que una vez que termine el juicio en el país requirente sean devueltos a territorio mexicano para que termine aquí sus procesos y compurgar sus penas y/o medidas de seguridad, explicó el abogado penalista Efraín García.

Moises Moreno, abogado penalista, añadió que los dos procedimientos jurídicos de extradición que tiene pendientes Guzmán Loera, previos a que se determine si procede su envío a Estados Unidos, tardarán como mínimo seis meses (duración común de esos trámites), con la salvedad de que si la Secretaría de Relaciones Exteriores avala la extradición de El Chapo, sus abogados pueden aún ganar tiempo promoviendo amparos, lo que alargaría hasta un año o más su estancia en suelo nacional.

Petición formal

Comentaron que el procedimiento de extradición se inicia con la petición provisional de extradición, antes de que se libre una orden de detención. Una vez que se realiza la detención de una persona extraditable, el país requirente cuenta con un plazo de 60 días naturales para presentar lo que se conoce como petición formal de extradición. Concluido ese plazo, el juez federal debe emitir una opinión juridica y enviar su determinación a la cancillería mexicana.

Cuando fue detenido la primera ocasión, en febrero de 2014, Guzmán Loera había promovido varios amparos contra la Secretaría de Relaciones Exteriores para mantener monitoreado el tema de la extradición.

Incluso, después de su fuga en julio pasado, sus abogados siguieron presentando solicitudes.

Según las fuentes judiciales consultadas, el pasado sábado, unas horas después de su recaptura en Los Mochis, Sinaloa, se presentó una nueva petición de amparo de los abogados de Guzmán Loera para protegerlo contra cualquier extradición exprés.

La Ley de Amparo obliga a los jueces a conceder la suspensión de plano o suspensión de oficio cuando el quejoso alega que será víctima de una extradición, o de actos similares a un destierro o expulsión del país que no esté sujeta al debido proceso.

De acuerdo con información recabada por este diario, el juzgado primero de distrito en materia administrativa admitió el pasado sábado la petición de Guzmán de que no sea desterrado ilegalmente, por lo que la autoridad judicial le concedió al capo una suspensión de plano, como parte de un amparo promovido para detectar si el gobierno ya tenía algún procedimiento para sacarlo de México.

El amparo también fue presentado para impugnar un posible traslado a otra cárcel (fue internado el fin de semana en el penal del Altiplano), aunque se desconoce si la suspensión otorgada por el juez también frenó una orden de esta índole.