tres días de su publicación por la revista The Rolling Stone, la entrevista efectuada por el actor estadunidense Sean Penn a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, ha adquirido una notoriedad equiparable a la propia captura del narcotraficante, efectuada el pasado viernes en Los Mochis, Sinaloa.

Más allá de las versiones oficiales que colocan a ese encuentro como uno de los detonantes de la captura de El Chapo, la reacción de los dos gobiernos que han fincado procesos penales en contra del líder del cártel de Sinaloa –México y Estados Unidos– ha dejado ver la animadversión que suscita, en las esferas del poder, la realización y difusión del referido documento. Mientras el gobierno mexicano afirma que investigará posibles actos ilícitos en el curso de la plática que se relata en la publicación estadunidense, la Casa Blanca la calificó de exasperante y afirmó que Barack Obama, presidente del vecino país, quedó horrorizado al conocer el contenido de la entrevista, según la cual El Chapo alardea de sus actividades de trasiego de estupefacientes.

Ciertamente, en un país como el nuestro, donde decenas de periodistas han muerto violentamente a consecuencia de su labor informativa en torno al crimen organizado, pareciera una frivolidad la publicación de una charla entre uno de los jefes delictivos más peligrosos, si no es que el más peligroso, y una celebridad de Hollywood.

No obstante, y más allá de la forma, la entrevista misma y lo que en ella se revela dan cuenta de una realidad en la que la penetración del narcotráfico en múltiples esferas de la vida pública, social y económica resulta, por desgracia, incuestionable.

En efecto, las afirmaciones atribuidas a Guzmán Loera en el texto hacen recordar que el negocio que él encabeza a escala internacional no sería posible sin la connivencia de los sistemas financieros del mundo –incluido, en forma destacada, el estadunidense–; sin el flujo constante y descontrolado de armas que cruzan hacia el sur del río Bravo, y sin el contubernio o complicidad de las autoridades estadunidenses, que poco o nada han hecho por combatir el grave problema de adicciones que padecen dentro de su territorio. Esas circunstancias exhiben la críticas de Washington en contra de una publicación como la comentada como un acto de hipocresía.

Por lo demás, en un momento en que se formulan duros cuestionamientos públicos a la ética de los entrevistadores y los editores que publicaron la charla con El Chapo, es imperativo recordar que la moralización, en asuntos relacionados con el narcotráfico, debiera empezar por las propias instituciones de seguridad. Significativamente, en el relato de referencia se hace mención de que, en camino a su reunión con el narcotraficante, el convoy que transportaba a Penn y sus acompañantes pasó sin problema un punto control militar y que los uniformados incluso reconocieron a los presuntos hijos de Guzmán Loera.

Lo cierto es que ese pasaje, con independencia de su exactitud, es un botón de muestra del nivel de infiltración que las estructuras criminales tienen en las corporaciones policiales y militares, cuya existencia, desde luego, está documentada en forma mucho más amplia y profusa que en la entrevista de Rolling Stone. Sin ir más lejos, las fugas de El Chapo de los penales de máxima seguridad de Puente Grande y Almoloya no son concebibles si no es gracias a una cadena de omisiones y complicidades en las autoridades carcelarias.

La contraparte de esa realidad que por desgracia campea en las instituciones del país es el contenido de los informes de los elementos de la Policía Federal que participaron en la captura de Guzmán Loera y de su lugarteniente: de acuerdo con los documentos, minutos después del enfrentamiento inicial con la Marina, el narcotraficante, a bordo de un vehículo robado, intentó intimidar y sobornar a los uniformados, pero éstos rechazaron los ofrecimientos; detuvieron a Guzmán Loera y su cómplice y los trasladaron al motel donde fue finalmente aprehendido por la Marina.

La admirable actitud de los dos servidores públicos no sólo resultó determinante en la detención de uno de los delincuentes más buscados del mundo, sino que envía un mensaje claro: la urgencia y necesidad de que las propias autoridades adopten, como prioridad, la promoción del civismo en todos los ámbitos de la vida pública; la capacitación y moralización de los integrantes de corporaciones de seguridad como medidas de obvia necesidad, y mucho más eficaces, en cualquier intento por combatir al crimen organizado.