El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, reconoció ayer que 13 alcaldes de la entidad recibieron amenazas del crimen organizado antes de rendir protesta, aunque no aclaró si la intervención federal solicitada por él a la Secretaría de Gobernación después de conocer aquel riesgo incluyó seguridad personal para los ediles.

Ayer, además, sostuvo que el móvil del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, tiene su origen en la intención de la delincuencia de instalar un ambiente de terror en la entidad.

En una declaración de prensa refirió que a los ediles electos la delincuencia les exigió rechazar el mando único y permitir designar a los directores de seguridad; entregarle contratos de obra pública; pagar una renta mensual en efectivo, equivalente a 10 por ciento del presupuesto de cada alcaldía, y a otros más el control absoluto de espectáculos artísticos y palenques.

Solicitud al gobierno federal

Graco Ramírez convocó a una conferencia, pero al final no permitió preguntas y salió por una puerta lateral del salón al que citó, en el hotel St. Regis, en Paseo de la Reforma. Allí, después de una presentación en Power Point del fiscal general de Morelos, Javier Pérez Durón, sobre las investigaciones del caso, el gobernador expuso que en prevención a las amenazas a los alcaldes pidió apoyo policiaco al gobierno federal.

Así, dijo, el 29 de diciembre firmó un acuerdo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para echar a andar el Operativo Delta con la intervención de 300 elementos de la Gendarmería y de la Policía Federal.

Nuevamente justificó la imposición del mando único en el estado el 3 de enero y señaló que se trató de un acto de autoridad, no de autoritarismo, que se aplicó a pesar del desafío de uno de los actores políticos del estado, en referencia al presidente municipal de Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En tanto, Pérez Durón leyó un documento para afirmar que gracias al mando único estatal se logró la detención, en 20 minutos, de tres de los asesinos de Gisela Mota y la muerte de dos más.

Orden de Los Rojos

El fiscal insistió en la versión de que el asesinato de la alcaldesa surgida del PRD fue ordenada por el grupo delictivo Los Rojos, al que atribuyó acciones intimidatorias contra el gobierno del estado, al arrojar recientemente el cuerpo desmembrado de una persona a escasos metros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Afirmó que la eficacia del mando único hizo posible la detención de esta cédula (sic) delictiva y que la captura de tres personas, uno de ellos menor de edad, estuvo apegada a derecho y permitió decretar como legal su detención.