Con una votación dividida de cinco a dos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) resolvió desistirse en el juicio de amparo en el cual defendía su resolución de reservar la información solicitada sobre la averiguación previa que la Procuraduría de Justicia Militar abrió contra elementos del Ejército que participaron en los hechos de Tlatlaya.

En su momento, se negó su apertura por no tratarse de un proceso –según la visión castrense– vinculado directamente con violaciones graves a derechos humanos.

A diferencia de lo que determinó el organismo para ratificar la respuesta del sujeto obligado, que señalaba que al no ser las acusaciones de esta instancia delitos que implicaran violaciones a derechos humanos era improcedente la apertura, el juzgado primero de distrito del Distrito Federal avaló la viabilidad de divulgar la información. Por ello, ahora, ante el criterio adoptado por el juez, revisará de nuevo el expediente para determinar la posibilidad de darlo a conocer.

Sin embargo, el tema suscitó un debate sobre la pertinencia de desistirse ante una interpretación del juzgado que es garantía del derecho de acceso a la información. La propuesta del comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, de promover el desistimiento, que recibió el respaldo de cuatro comisionados, derrotó la postura de Rosendo Monterrey, que se oponía a abrir la información y, paradójicamente, la de la presidenta del Inai, Ximena Puente, quienes se pronunciaron por apelar de la resolución ante el tribunal colegiado.

Si bien no comparto en su totalidad la argumentación del juez de distrito, debo advertir que su planteamiento representa una postura mucho más favorable al hoy recurrente, al brindar una visión garantista, novedosa, que aporta nuevos elementos para modificar nuestra resolución, argumentó Acuña.

Aunque hubo dos votos en contra, sólo Monterrey hizo un largo alegato en favor de cerrar la información –Puente solamente voto en ese sentido–, pues consideró que el Inai nunca se ha desistido de litigio alguno. Se pronunció contra la interpretación del juez, pues a su juicio hay criterios internacionales y de la Corte que hacen inviable la apertura informativa.

En respuesta, el comisionado Óscar Guerra argumentó que el instituto ya se había desistido en el caso de la divulgación de los datos relacionados con la masacre de migrantes de San Fernando, cuando modificó el sentido de la resolución para ordenar su apertura. En los otros casos, dijo, se ha mantenido en su postura en aras de defender la apertura de la información.