Al responder al informe que presentó Amnistía Internacional (AI) sobre la desaparición de personas, el gobierno de México rechazó la afirmación del organismo acerca de que ha actuado con indolencia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Estado mexicano ha dado pruebas contundentes de su esfuerzo y voluntad para impulsar la investigación del caso, subrayó, y destacó la detención de 11 personas relacionas con el asunto y la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En una tarjeta informativa que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) distribuyó a medios de comunicación, las autoridades criticaron que AI ignore en su reporte el desafío que ha representado el crimen organizado y su papel en la comisión de delitos como la desaparición de personas. Lamentaron que omita destacar los avances logrados en la reducción de la violencia en México en años recientes.

Si bien reconocieron los retos asociados a la violencia generada por la delincuencia organizada, destacaron su determinación de atenderlos con absoluto respeto a los derechos humanos.

El gobierno señaló que más allá de los calificativos mediáticos que incluye el informe, la mayoría de las recomendaciones que formula son parte de las acciones que ya impulsa.

Reconoció el reto que significa la desaparición de personas, la desaparición forzada y su búsqueda, por lo que aseveró que en los tres años recientes ha adoptado importantes medidas para enfrentarlo. Entre ellas, la iniciativa para prevenir y sancionar estos delitos.

Las autoridades manifestaron su extrañeza porque al presentar la cifra global de quienes no han sido localizados, AI omitió de forma deliberada señalar que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no incluye sólo a víctimas de una presunta retención forzada, sino a todas las extraviadas o no ubicadas por cualquier motivo.

Por tanto, la cifra del registro que utiliza AI no es referente objetivo ni debe ser considerado para evaluar la magnitud del problema. Lamentaron que al no hacer esta distinción, el informe desorienta a la opinión pública.