Es pertinente abrir el expediente de la investigación que la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió contra elementos del Ejército que participaron en los hechos de Tlatlaya, ya que si bien versa sobre delitos del fuero castrense, como indisciplina y desobediencia militar, está claro su vínculo con violaciones graves a derechos humanos, señala la sentencia del juzgado primero de distrito en materia administrativa del Distrito Federal sobre la solicitud de acceder la información.

La resolución –impugnada ante al tribunal colegiado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que motivó el desistimiento del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) para defender su resolución original en favor de la reserva– subraya que los hechos fueron calificados de graves por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que este juzgado federal considera que se actualiza la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Agrega: resulta aplicable la regla general que permite el acceso a la información pública y no así la restricción que se establece respecto de las averiguaciones previas, en virtud de que, tratándose de violaciones a derechos humanos, los delitos revisten características que los dotan de una trascendencia social, afectando no sólo a la víctima sino a toda la sociedad; de ahí que lo procedente sea conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso.

La PJM argumentó que los delitos imputados no se vinculaban a la violación de derechos humanos, pero el juez Gabriel Regis consideró que sí tienen vinculación con los hechos constitutivos de violación de derechos fundamentales, dado que se determinará si los militares procesados incurrieron en los delitos previstos en los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar, cuyas conductas están relacionadas con la violación de derechos humanos, como señaló la CNDH en la recomendación 51/2014”.

Por ello consideró viable otorgar el amparo al solicitante que buscó esa vía contra la resolución del Inai, la cual validaba la respuesta militar que desvinculaba los hechos, aunque reducía el plazo de reserva de 12 a dos años o cuando se resolviera el juicio.

El documento señala que el Inai reconoce que los hechos de Tlatlaya fueron violaciones graves a derechos humanos.