Una de las líneas de defensa tendidas por las autoridades mexicanas para hacer frente a los efectos de la crisis financiera ha tenido hasta ahora un costo de mil 578 millones de dólares, sin que el seguro comprado con ese dinero haya sido utilizado, de acuerdo con información oficial proporcionada a este diario.

Es el precio pagado para que México pueda disponer de la llamada línea de crédito flexible (LCF), mecanismo creado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2009, en medio de la mayor crisis financiera y económica en casi ocho décadas.

La LCF puso al alcance de un reducido grupo de países –sólo México, Colombia y Polonia– la posibilidad de disponer de recursos en caso de afrontar una insuficiencia de fondos para cumplir compromisos en moneda extranjera o por pérdida de reservas de divisas, como consecuencia de la volatilidad financiera.

A diferencia de los programas tradicionales del FMI, la línea de crédito flexible no obliga a firmar un programa de ajuste con el organismo, sino que son recursos que pueden ser utilizados o no, según decisión del país.

Hasta ahora el gobierno mexicano no ha utilizado la línea de crédito flexible, que fue contratada por primera vez en abril de 2009, por un monto inicial de 47 mil millones de dólares. La facilidad crediticia fue renovada sucesivamente en marzo de 2010, enero de 2011, noviembre de 2012 y noviembre de 2015 por un periodo que se extiende hasta finales de este año, aunque el monto fue cambiando. Actualmente es de 70 mil millones de dólares.

La línea de crédito flexible fue definida por Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México, como parte del arsenal para hacer frente a la volatilidad financiera que ya se anticipaba desde hace varios meses por el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, que ocurrió finalmente en diciembre pasado, que eventualmente puede provocar una reversión en los flujos de capital que desde 2009 han ido a países como México para aprovechar los mayores rendimientos.

Ese aumento de tasas en Estados Unidos, que llevó al Banco de México a elevar, también en diciembre pasado, en un cuarto de punto su tasa de referencia, a 3.25 por ciento, es una de las razones –junto con la caída en el precio del petróleo y la desaceleración de la economía china– de la devaluación del peso, que ya acumula 24.6 por ciento en el último año.

El arsenal contra la crisis, como lo describió el gobernador Carstens en abril pasado durante una comparecencia en el Senado, está compuesto por la línea de crédito flexible del FMI, por 70 mil millones de dólares, y la reserva internacional de divisas, actualmente en 176 mil 725 millones de dólares.

En el último año, la reserva internacional de divisas tuvo una merma de 16 mil 516 millones, como consecuencia de las ventas de dólares que hizo el banco central para proveer liquidez al mercado cambiario y contener la depreciación del peso.

Por tener acceso a la línea de crédito flexible, el banco central paga una comisión equivalente a 0.347 por ciento del monto del financiamiento disponible, de acuerdo con información del Banco de México proporcionada a La Jornada.

Entre 2009 y 2015, el pago de esa comisión asciende a mil 578 millones de dólares.