a elección extraordinaria de gobernador en Colima se realizó ayer entre diversas denuncias de delitos electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE) había contabilizado hasta el cierre de esta edición 50 incidentes, entre los que destacan el ocurrido en la casilla 287 básica, de la localidad de Tecomán, donde personas ajenas a ella quemaron las boletas que estaban por ser utilizadas por otros votantes. Adicionalmente, la noche del sábado, elementos de la Policía Federal encontraron cajas con decenas de miles de boletas marcadas en Ciudad Guzmán, Jalisco. Durante la jornada se reportaron casos de robo de urnas e incluso balaceras en las casillas electorales.

Hasta el cierre de esta edición, los con-teos rápidos favorecían a Ignacio Peralta, aspirante del Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, habida cuenta del desaseo que imperó durante la jornada, no puede descartarse un nuevo escenario de conflicto poselectoral similar al que derivó en la anulación de los comicios celebrados el 12 de junio del año pasado

Debe recordarse que la repetición de los comicios fue resultado de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al determinar la injerencia probada de funcionarios del gobierno estatal saliente en los comicios.

La repetición de la elección de gobernador planteó, de esa forma, una segunda oportunidad para restablecer la legalidad electoral rota en Colima y avanzar en el combate de cacicazgos locales y prácticas institucionales en las que se funda y persiste la cultura del fraude electoral y la manipulación y distorsión de la voluntad ciudadana.

Sin embargo, la suciedad electoral observada ayer en esa entidad del Pacífico mexicano da cuenta de un efecto perverso: con una institucionalidad electoral maniatada y disminuida frente a los partidos políticos –como se reflejó en que la anulación no se acompañó de sanciones o inhabilitaciones contra partidos y candidatos involucrados–, la repetición de la elección para designar al Ejecutivo local no se pudo dar en un clima propicio para la pulcritud y el respeto de la legalidad electoral, todo lo contrario: se configuró, en forma paradójica, una estructura de incentivos para la repetición de prácticas deleznables.

Hoy, la propia institucionalidad que anuló los comicios en Colima enfrenta la disyuntiva entre validar una elección extraordinaria que se caracterizó por el desaseo y la violación sistemática de la ley, o evaluar una segunda anulación de los comicios –como el propio INE ofreció que se haría en caso de que se repitieran las malas prácticas observadas en junio– que derivaría en un desgaste y en presiones adicionales de los partidos políticos y los poderes fácticos.

Es necesario que ese escenario sea analizado y valorado con responsabilidad, pues el aval institucional de los comicios de ayer implicaría un nuevo golpe a la credibilidad de la formalidad democrática en el país.