os llamados pasivos laborales que los gobiernos neoliberales utilizaron para descapitalizar y llevar a la quiebra técnica a organismos públicos como Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC) y otros obligaron finalmente al gobierno de Enrique Peña Nieto a negociar con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) los términos de una salida al conflicto, con un nuevo contrato colectivo de trabajo inscrito en el contexto de la privatización energética y del inicio del llamado mercado eléctrico mayorista.
Técnicamente este procedimiento debió ser muy sencillo: actualizar el valor de los bienes y propiedades de LyFC; revisar y actualizar el monto del pasivo laboral de los trabajadores no liquidados, separándolo del monto principal de los jubilados, y proceder al pago de las obligaciones laborales, individuales y colectivas que amparan estos pasivos laborales. Sin embargo, la solución se entrampó y alargó, pues no podía disponerse de los bienes y propiedades de LFC en tanto no concluyera el proceso de legislación secundaria y reglamentaria de los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
Lo único que saltaba a la vista era que el valor del pasivo laboral de LFC es superior al valor total de sus propiedades y bienes. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, en su documento Evaluación de la política pública de pensiones y jubilaciones, con datos a 2013, reconoce un pasivo laboral de LyFC de 325 mil 264.3 millones de pesos, de los cuales 80 mil millones corresponderían a trabajadores no liquidados. En tanto, el valor de los activos de LFC, con datos a 2008, pues no se cuenta con datos actualizados, ascendió a 143 mil 199 millones de pesos, desglosados de la siguiente manera: plantas de generación hidroeléctricas, 3 mil 619 millones de pesos; turbogas, 6 mil 458 millones; de vapor, 3 mil 721 millones, hasta un total de 13 mil 798 millones de pesos, aunque la termoeléctrica Jorge Luque quedó prácticamente inservible. Subestaciones de transformación, 31 mil 477 millones de pesos; líneas de transmisión, 8 mil 120 millones; redes de distribución, 78 mil 988 millones; equipo de transporte y pesado rodante, 3 mil 693 millones; equipo de cómputo, mil 574 millones; edificios administrativos, incluido el edificio central de LFC, 4 mil 264 millones; terrenos, 5 mil 785 millones; otros menores, mil 279 millones de pesos.
En estas condiciones, con un pasivo laboral 2.27 veces mayor que los activos de LFC y dado que el gobierno federal quedó impedido constitucional y legalmente para vender o rematar las subestaciones, las líneas de transmisión y las redes eléctricas de distribución, que serán administradas por CFE, el gobierno federal optó por entregar para su uso y explotación por 30 años, mas no en propiedad, el parque de generación de LFC, consistente en 15 plantas de generación, de las cuales 10 de ellas, las más pequeñas, quedaron abandonadas durante seis años.
La jugada del gobierno federal consistió en plantear una asociación del SME con el corporativo portugués Mota Engil, para la creación de la empresa Generadora Fénix, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, constituida el 23 de septiembre de 2015, con el número 128360, libro 2385 y registrada en la notaría pública 9 del Distrito Federal. Empresa de generación en la cual el SME participa como socio con 49 por ciento y Mota Engil con 51 por ciento, y con un contrato colectivo de trabajo depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 6 de octubre de 2015, que ampara sólo a 541 trabajadores, cuyo regreso al trabajo será paulatino y en condiciones laborales y prestaciones iguales o ligeramente arriba de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Inaugurando de esta forma el nuevo modelo contractual que buscará imponerse en el mercado eléctrico privatizado.
Por supuesto, Mota Engil, acostumbrada a la ganancia segura y rápida, no actuó como madre de la caridad. Con una experiencia de asociación con empresas constructoras de dudoso historial y que se han beneficiado de jugosos contratos en lo que va del sexenio de Peña Nieto, Mota Engil, por medio de su subsidiaria, la Generadora Fénix, apuesta a convertirse en un “jugador“ exitoso en el mercado eléctrico mayorista, aprovechando el gran terreno, las instalaciones, incluyendo la transmisión, el transporte y las tuberías, de lo que fue la termoeléctrica Jorge Luque (Lechería) para construir una moderna planta de ciclo combinado, con una capacidad instalada de mil 700 MW para competir en la región central del país.
Además de ello, el gobierno federal está entregando, aquí sí en propiedad, una serie de predios y naves industriales en las que LFC operaba sus fábricas y talleres, a una cooperativa del SME que buscará dar trabajo a poco más 14 mil trabajadores, que no contarán con un contrato colectivo de trabajo, en condiciones más precarias y temporales.
Por supuesto, en esta negociación el gobierno federal saca ventaja. Del pasivo laboral de 80 mil millones de pesos, sólo entrega en propiedad bienes por un valor menor a 5 mil millones, y para su uso y explotación un parque de generación de aproximadamente 3 mil 600 millones de pesos. El pasivo laboral que pudo haberse usado para fondear los tiempos de servicio de trabajadores no liquidados, que en promedio acumularon entre 10 y 20 años de servicio, fue desechado en la mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación, de tal manera que tendrán que comenzar de cero antigüedad, con edad promedio de 40 a 45 años.
En efecto, el SME conserva su registro sindical, pero a un costo muy elevado. En esa asociación con Mota Engil será a la vez patrón y sindicato, avalando con ello en los hechos, aunque no fuese su intención, la privatización eléctrica en México. Los tiempos venideros serán duros. Pero es mejor hablar con la verdad. La heroica lucha de resistencia de las y los trabajadores del SME se lo merece. El triunfo del SME no se encuentra en los resultados obtenidos en la negociación con el gobierno federal, sino en el ejemplo de resistencia y dignidad que han legado al pueblo de México y a la clase obrera. La lucha continúa.
