Washington.

La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó este martes revisar una orden ejecutiva del presidente Barack Obama para permitir que 5 millones de inmigrantes salgan de las sombras y trabajen legalmente en el país. En lo que activistas pro inmigrantes valoraron positivamente, el máximo tribunal aceptó revisar las sentencias de tribunales inferiores que bloquearon las acciones ejecutivas de Obama, en momentos en que el tema aviva las campañas por las candidaturas presidenciales.

La disputa, que se debatirá a partir de abril y podría tener un fallo en junio, será una de las decisiones claves del máximo tribunal en este periodo.

El decreto de Obama fue bloqueado por una corte de Texas, luego de que el estado y otros 25 gobiernos regionales dominados por los republicanos pusieron una demanda para detenerlo, con el argumento de que el presidente se había excedido en los poderes que le otorga la Constitución.

Hasta el momento, los tribunales federales se han alineado con los gobiernos estatales al evitar que el gobierno conceda permisos de trabajo, con lo que los migrantes habrían comenzado a recibir algunas prestaciones federales.

Si al final los magistrados respaldan la orden ejecutiva de Obama, al presidente le quedarían aproximadamente siete meses para poner en práctica sus planes. Confiamos en que las políticas serán ratificadas, dijo la vocera de la Casa Blanca, Brandi Hoffine, luego de conocerse la acción de la corte.

En el centro del debate nacional está el programa Deferred action for parents of Americans (Suspensión temporal de deportaciones para los padres de estadunidenses). Obama dijo a finales de 2014 que su plan permitiría a las personas que han vivido en Estados Unidos más de cinco años y que tienen hijos que residen legalmente en el país salir de las sombras y cumplir con la ley.

Un circuito de cortes estatales falló a favor de los estados, lo que provocó que el gobierno federal apelara a la Corte Suprema.

El procurador general Donald Verrilli dijo en una presentación judicial que mantener esas resoluciones judiciales obligaría a millones de personas a seguir trabajando por fuera de los registros, sin una opción de empleo legal para mantener a sus familias.

Los tribunales inferiores decidieron que Texas sí tiene el derecho de demandar porque al menos 500 mil personas que viven en la entidad se beneficiarían de las medidas de Obama y podrían obtener licencias de conducir, lo que aumentaría los gastos del estado.